El Presidente nicaragüense Daniel Ortega acusó de “terrorismo” a la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua y ha ordenado la confiscación de todos sus bienes, informó el medio Divergentes, de acuerdo con fuentes de la universidad manejada por la Compañía de Jesús.
“Una jueza de Managua giró un oficio acusatorio contra la universidad jesuita este 15 de agosto, consumando así la confiscación de facto de la UCA y todos sus bienes materiales y económicos después de inmovilizar sus propiedades congelar sus cuentas bancarias, informó la plataforma digital.
En lo que va de agosto se ha conocido que el régimen nicaragüense, en una ejecución concertada, congeló las cuentas bancarias de la universidad, a través de la Superintendencia de Bancos; inmovilizó todas sus propiedades, a petición de la Procuraduría General de la República (PGR); e inhabilitó el Centro de Mediación de justicia que funciona en esta alma mater, por orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La UCA es considerada el último centro de pensamiento independiente que quedaba en Nicaragua, y una de las universidades más importes del país. En ella estudiaron al menos tres de los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y el mismo dictador hizo un semestre en 1963 en esta universidad antes de integrarse a la guerrilla sandinista.
La Universidad Centroamericana tiene aproximadamente cinco mil estudiantes y fue la primera universidad privada que se estableció en Centroamérica, explica la página oficial del centro de estudios. Fue fundada a iniciativa de empresarios el 23 de julio de 1960 en Nicaragua por la Compañía de Jesús, como “una institución educativa sin fines de lucro, autónoma, de servicio público e inspiración cristiana”.
Durante las protestas populares de 2018, la UCA se convirtió en refugio de los estudiantes perseguidos, y en un actor político en los intentos de diálogo que hubo entre la oposición y el gobierno. Su rector José Idiáquez fue parte del equipo negociador del “Diálogo Nacional” en los años 2018 y 2019.
“Hay un espíritu de venganza y de pasada de cuentas dirigido hacia una institución que siempre ha alzado la voz contra las injusticias y las graves violaciones de derechos humanos y ha defendido su autonomía universitaria en las últimas décadas”, afirma la doctora Asunción Moreno, abogada y catedrática universitaria.
