La Cámara Ambiental de Segunda Instancia, con sede en el Centro Judicial de Santa Tecla, declaró que el exdirector del Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (FOSOFAMILIA), Yuri Rodolfo Jenkins Lorenzana, y su cónyuge, Violeta Yanira Flores de Jenkins, incurrieron en enriquecimiento ilícito.
Tras la valoración de la prueba pericial, las magistradas ordenaron la restitución total de $289,567.89 al Estado y la inhabilitación por 10 años del exfuncionario para ocupar cargos públicos.
El caso surgió por irregularidades financieras detectadas por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia durante la gestión de Jenkins (2 de enero de 2006 al 16 de marzo de 2010). Se identificaron depósitos en cuentas bancarias, pago de préstamos y tarjetas de crédito, así como un incremento patrimonial injustificado que los demandados no pudieron justificar legalmente.
La resolución de la Cámara respaldó la tesis de la Fiscalía General de la República (FGR), confirmando que los fondos de origen público deben ser reintegrados al erario nacional, garantizando transparencia y justicia en la administración de recursos públicos.
