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Nacionales

Asamblea aprueba reelección presidencial y ampliación de periodo presidencial a 6 años

Los diputados hicieron cambios en la Constitución de la República para ampliar el periodo presidencial a seis años, eliminar la segunda vuelta electoral y ordenar el ciclo electoral. Esto ayudará a respetar la voluntad de los salvadoreños y optimizar recursos.

Edgar Torres
Última actualización agosto 1, 2025 7:59 PM
Por Edgar Torres - Senior Editor
Publicado agosto 1, 2025
9 Min Read
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La Asamblea Legislativa aprobó y ratificó, con 57 votos, una serie de reformas a la Constitución de la República, con el objetivo de actualizar el sistema electoral para  fortalecer la democracia, optimizar recursos públicos y alinear las reglas con la voluntad popular. La modificación de ley fue a propuesta de la diputada de Nuevas Ideas, Ana Figueroa, quien fue respaldada por sus colegas de bancada.

Los cambios permitirán la reelección del presidente de la República de manera indefinida, extender el período presidencial de cinco a seis años y  eliminar la segunda vuelta electoral.

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Además, los legisladores respaldaron una medida transitoria para homologar el ciclo electoral que permitirá tener una sola elección presidencial, legislativa y municipal. Para ello, se acortará dos años (de 2029 a 2027) el mandato del Presidente Nayib Bukele.

Las modificaciones fueron aprobadas durante la sesión plenaria ordinaria 66 y ratificadas en la sesión plenaria ordinaria 67.

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El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, afirmó que estos cambios en la normativa son para fortalecer la democracia y darle más poder al pueblo salvadoreño, a través del voto.

Castro aclaró que no se está creando una nueva Constitución, sino reformando algunos artículos de la actual, que data de 1983. Él afirmó que la ley ha sido modificada no menos de 25 veces a lo largo de la historia. Muchas de esas modificaciones fueron realizadas entre 1992 y 1993, como resultado de “acuerdos entre cúpulas políticas, tras la firma de la paz, sin una verdadera consulta al pueblo”.

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El diputado aseguró que estas enmiendas son diferentes, ya que surgen de la demanda de los salvadoreños y de un momento de gobernabilidad democrática.

“Una de las ventajas para el pueblo es que cuando el pueblo elija a un presidente va a tener la oportunidad de premiar o castigar el trabajo que está haciendo el Ejecutivo hasta ese momento”, afirmó Castro.

De la misma manera, el legislador aclaró que las reformas no modifican nada relacionado a la elección de diputados o concejos municipales.

Por su parte, la diputada Figueroa explicó que estas modificaciones también le generarán un ahorro al Estado, debido a que se realizará una sola elección para funcionarios escogidos democráticamente y en primera vuelta.

“Cada segunda vuelta electoral cuesta al Estado aproximadamente $50 millones. Con esos recursos se puede construir un nuevo hospital y más escuelas”, aseguró Figueroa.

Durante la discusión de las reformas, los parlamentarios de Nuevas Ideas coincidieron en que la actual Constitución mantiene una estructura electoral que, durante décadas, sirvió para perpetuar prácticas como el enriquecimiento injustificado de los partidos tradicionales, la corrupción y el desvío de recursos públicos.

También sostuvieron que las campañas políticas, por años, han sido financiadas con fondos del Estado. Esto ha generado un fuerte impacto en el presupuesto nacional y obligando a recurrir a préstamos para cubrir los costos de cada elección.

Ellos criticaron la separación de los periodos para elecciones presidenciales, legislativas y municipales, ya que eso mantuvo al país en una constante campaña electoral, en el que hubo un uso excesivo y creciente de recursos públicos.

Reelección presidencial indefinida

Las reformas aprobadas a los artículos 75 y 152 de la Constitución de la República, permitirán la reelección presidencial indefinida, de manera que la población decida si un mandatario debe o no continuar, de acuerdo al desempeño que ha tenido.

Actualmente, el presidente es el único funcionario al que la ley le impide mantenerse en el poder, pero con las modificaciones realizadas se homologarán las condiciones para la reelección presidencial con las de los demás cargos de elección popular: diputados y alcaldes.

“El pueblo y solo el pueblo tendrá el poder de decidir hasta cuándo desea apoyar el trabajo de cualquier funcionario, incluyendo la gestión de su presidente”, afirmó Figueroa.

La parlamentaria ahondó en que la Constitución de la República de 1983, que impide la reelección, fue redactada en un momento de crisis política, social y económica. Ella destacó que, en adelante, “el poder total para elegir residirá en el pueblo”.

Con las enmiendas de ley, al artículo 75 se le eliminará el ordinal 4 que establece que pierden sus derechos como ciudadanos quienes suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin.

Además, en el artículo 152 se suprimirá el ordinal 1 que señala que no podrán postularse a la presidencia de la República quien haya desempeñado  ese cargo por más de seis meses consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial.

Extensión del período presidencial a seis años

Los diputados también estuvieron de acuerdo en extender el periodo presidencial, por lo que la durabilidad del cargo pasará de cinco a seis y eso ayudará a ordenar los ciclos electorales.

Para esto, reformaron el artículo 154 de la Constitución de la República que establecía que el lapso presidencial sería de cinco años, el cual comenzaba y terminaba el primero de junio, sin que la persona que ejerciera este papel pudiera continuar en sus funciones ni un día más.

“Esta reforma busca una mayor estabilidad en los ciclos electorales. Al reducir el número de elecciones presidenciales en un periodo también se reducen costos económicos de cada jornada de votación”, aseguró Figueroa.

Cuando las reformas entren en vigencia, el artículo 154 rezará así: “El período presidencial será de seis años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más. En el caso de una reelección, el primer día del nuevo mandato, no constituye un día más del periodo que finalizó”.

Los parlamentarios señalaron que al implementar esta medida se brindará seguridad jurídica a los salvadoreños.

Eliminación de la segunda vuelta electoral

El pleno legislativo también hizo enmiendas al artículo 80 de la Constitución para eliminar la segunda vuelta electoral, la cual en la actualidad se realiza cuando ningún partido político o coalición de partidos alcanza mayoría absoluta de votos en una contienda electoral.

Con las modificaciones aprobadas, el candidato que obtenga más votos ganará las elecciones en primera vuelta.

Esto permitirá un ahorro al Estado, ya que cada segunda vuelta electoral tiene un costo de $50 millones, fondos que podrían ser utilizados para proyectos de beneficio social que ayuden a cubrir las necesidades de la población.

Además, contribuiría a hacer el proceso electoral más ágil y permitiría un uso más eficiente de los recursos públicos, ya que El Salvador realizará una única jornada electoral, como ocurre en países como Estados Unidos, Panamá o México.

Disposición transitoria

Las reformas incluyen una disposición transitoria para homologar las elecciones presidenciales, de diputados y los concejos municipales.

Para ello se aprobó que el período presidencial —que inició el 1 de junio de 2024 y que terminaría el 1 de junio de 2029— se acorte dos años, es decir que finalizará el 1 de junio de 2027 para realizar los comicios presidenciales, legislativos y municipales de manera conjunta.

“Estamos en una constante dinámica de campaña electoral entre diputados, alcaldes y la elección presidencial y es hasta cada 15 años que estas tres comisión coinciden, por lo que se vuelve hasta cansado para la población”, señaló la diputada Figueroa.

Los legisladores coincidieron en que la elección de 2027 puede servir como un termómetro político que castigue o premie la gestión del actual Gobierno.

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