La Comisión de Hacienda emitió cinco dictámenes favorables para incorporar recursos para fortalecer la producción agrícola, mejorar el sistema de transporte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), ampliar el mantenimiento vial y reforzar la sostenibilidad fiscal y la capacidad de respuesta del país ante desastres.
Uno de los dictámenes aprobados es la asignación de $6 millones al Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario (CDCA), con el objetivo de financiar el programa “Fomento de la Siembra de Alto Rendimiento de Maíz y Frijol”.
Dichos fondos provienen de una modificación presupuestaria para apoyar a los productores en la adopción de tecnologías que incrementen la productividad de estos cultivos estratégicos.
En materia de transporte, los legisladores avalaron autorizar al Ejecutivo suscribir un préstamo de hasta $60 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado al Programa de Apoyo al Sistema de Movilidad Urbana del Área Metropolitana de San Salvador, el cual contempla mejoras en el sistema de pago electrónico, infraestructura vial segura y un Centro de Inteligencia de Datos.
Asimismo, respaldaron la ampliación de una línea de crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) hasta por $400 millones, que permitirá al Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) continuar con el mantenimiento de calles y carreteras en todo el país.
De igual forma, la comisión dictaminó a favor de que el Gobierno suscriba dos préstamos con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un total de $350 millones, orientados a fortalecer la sostenibilidad fiscal, la gestión de emergencias y la resiliencia económica frente a desastres naturales o sanitarios.
Asignación de presupuesto para incrementar producción de cultivos
Por unanimidad, los diputados de la Comisión de Hacienda aprobaron emitir un dictamen a favor de modificar la Ley de Presupuesto de 2025, en la parte que corresponde al CDCA.
El fin es incorporar recursos por $6 millones a dicha institución para que esta pueda implementar y ejecutar las políticas públicas que promuevan el desarrollo sustentable y sostenible de formación de agroproductores.
Además, se estipula que el patrimonio institucional estará constituido, entre otros, por los provenientes de financiamientos bancarios, titularizaciones, bonos u otros ingresos de financiamiento.
De acuerdo a lo expuesto en la comisión, el CDCA obtuvo la aprobación de un préstamo interno por parte del Banco de Fomento Agropecuario (BFA), para financiar y ejecutar el programa “Fomento de la Siembra de Alto Rendimiento de Maíz y Frijol”, cuyo propósito es contribuir al incremento de la producción y productividad de estos cultivos en El Salvador.
El CDCA fue creado en agosto de 2023, mediante la tecnificación y mecanización del proceso agrícola, impulsando de esta manera la dinamización de la economía local.
“Con los productos asignados se permitirá el financiamiento a los productores para que puedan adoptar nuevas tecnologías agrícolas de alto rendimiento para la siembra de maíz y frijol”, dijo la subdirectora general del Presupuesto, Laura Michelle Arce.
Movilidad urbana en zona metropolitana
Los parlamentarios también emitieron un dictamen favorable para autorizar al Ejecutivo suscribir un contrato de préstamo con el BID, hasta por $60 millones, para financiar el «Programa de Apoyo al Sistema de Movilidad Urbana del Área Metropolitana de San Salvador».
Este tiene por propósito mejorar la calidad del sistema de transporte público y la seguridad vial del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
Entre las acciones a implementar destacan: mejorar el mecanismo de pago del sector, optimizar la planificación del transporte público e impulsar la seguridad en la infraestructura de diferentes corredores viales.
El director general de Inversión y Crédito Público, Marlon Omar Herrera, explicó que el programa incluye el Plan Integral de Movilidad Sostenible para el AMSS; el desarrollo e implementación de un Centro de Inteligencia de Datos; y la estructuración, diseño e implementación del Sistema de Pago Electrónico, que contempla equipamiento, software y consultoría para fortalecer la gestión del transporte público.
También se ejecutará el componente “infraestructura segura”, con medidas de ingeniería para reducir riesgos en corredores viales de alta siniestralidad.
“El VMT ha identificado rutas con alta siniestralidad, como la carretera que conduce hacia el Aeropuerto Internacional de El Salvador y la Troncal del Norte, donde se aglutinan cerca del 30 % de los accidentes”, expuso Herrera.
Sobre ello, la diputada Dania González destacó la importancia de lo aprobado, de cara al incremento de accidentes: “La cantidad de siniestros viales fue, para 2024, de 12,974 y en 2025 de 14,125 (hasta el 30 de agosto). Mientras que de lesionados, para 2024, fue de 8,561 y en lo que va de 2025, es de 8,586”. Esto según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial.
Mantenimiento de calles y carreteras
Por otro lado, la comisión también brindó un dictamen, para que el pleno pueda aprobar en segunda vuelta una modificación en el contrato de garantía soberana de un préstamo gestionado con el BCIE.
Los parlamentarios escucharon la explicación de los representantes de Hacienda, que se trata de una segunda modificación al tratado de una línea de crédito, que en un primer momento el financiamiento otorgado al FOVIAL correspondía a $250 millones.
Para que el Gobierno pueda atender las necesidades de la población y dar cobertura a nivel nacional en materia del mantenimiento vial, el directorio ejecutivo del BCIE autorizó un segundo incremento de hasta $150,000,000 al crédito, por lo que el préstamo podría hacerse hasta por un monto de $400 millones.
Es así que esta institución podrá continuar brindando el mantenimiento adecuado a calles y carreteras del país. Con ello se contribuirá con el seguimiento de la reactivación económica del país y se respalda la buena gestión de infraestructura y conservación vial.
Fortalecimiento fiscal ante desastres
La mesa de trabajo también emitió dos dictámenes favorables para autorizar al Gobierno de El Salvador la suscripción de dos préstamos con el BIRF, uno por un monto de hasta $250 millones y el segundo hasta por $100 millones.
Respectivamente, los fondos permitirán continuar con la ejecución de los programas denominados “Préstamo de Políticas de Desarrollo para la Sostenibilidad Fiscal y la Resiliencia de El Salvador” y “Préstamo de Políticas de Desarrollo para la Sostenibilidad Fiscal y la Resiliencia de El Salvador con una opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes”, que tendrá un plazo de hasta 30 años, incluyendo un periodo de gracia de hasta 5 años.
Los recursos económicos permitirán que el país tenga responsabilidad fiscal para garantizar la continuidad de una política macroeconómica adecuada, que contribuya a mejorar la gestión pública, atraer inversión privada, generar empleos de calidad y servicios efectivos, además de fortalecer la resiliencia ante emergencias, ya sean naturales o sanitarias.
Por su condición geográfica, El Salvador enfrenta constantemente riesgos como huracanes, tormentas tropicales y terremotos, además de peligros sanitarios, razón por la que el Gobierno destaca la necesidad de contar con herramientas financieras confiables para gestionar eficazmente emergencias y garantizar la estabilidad macroeconómica.
Según la iniciativa, estos fondos podrán movilizarse en momentos de crisis para financiar operaciones de respuesta y recuperación, así como para “minimizar el impacto fiscal” y atender los efectos adversos de eventos catastróficos.
El representante de Hacienda, Marlon Herrera, destacó que este otorgamiento por parte del BIRF representa un reconocimiento a las acciones contempladas en atención de desastres por parte del Ministerio de Gobernación, a través de la Dirección de Protección Civil.
