En acto insólito, y en contra de los intereses del sector trabajador, los diputados de la Asamblea Legislativa, a través de una integración poco común entre el ARENA y el FMLN, determinaron que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) es quien pague todo el salario a los cotizantes que están en cuarentena domiciliar y en los centros de contención.
Anterior a la votación de los diputados, la entidad empresarial ANEP había presionado por diversos mecanismo a favor de ésta medida, que les beneficia con unos US$320 millones mensuales, que ahora saldrán directamente del ISSS, en plena crisis sanitaria; en cambio los empresarios quedan exentos de responsabilidad.
El presidente, Nayib Bukele, ya anunció que vetará la reforma por considerar que con esto se condena a la quiebra a la segunda institución más importante de salud pública del país, en medio de la pandemia del Covid-19.
Las estimaciones gubernamentales detallan que, esta medida tendrá un impacto económico total de US$437 millones mensuales, incluyendo los US$117 millones para el sector público, lo cual afectará la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social, lo que conllevará a una quiebra técnica de esta institución. Es decir, los trabajadores salvadoreños ya no tendrán acceso a una de las herramientas más eficaces para combatir la pobreza y la vulnerabilidad.
