El partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) criticó el Presupuesto General del Estado aprobado por la Asamblea Legislativa para el ejercicio fiscal 2026, al asegurar que no responde a las prioridades reales de las familias salvadoreñas y que incrementa el gasto y la deuda pública. En un comunicado difundido en sus redes sociales, el instituto político afirmó que “la cuenta la paga la gente” y reiteró que no acompañó la aprobación del plan de gastos.
“El presupuesto no es un papel lleno de números, es el reflejo de en qué lado está el gobierno. Con los pies bien puestos en los zapatos de la gente decimos con claridad que no acompañamos el presupuesto 2026, porque no responde a las prioridades reales de las familias salvadoreñas”, señaló Arena.
El partido tricolor cuestionó además la falta de transparencia, el crecimiento de la pobreza y el recorte de $164 millones al Órgano Judicial, al considerar que esta disminución “elimina su independencia financiera”. También reconoció el incremento de recursos para educación y salud, pero criticó recortes en áreas como personal docente y de salud, mientras aumentan asignaciones para Presidencia, defensa y seguridad.
El jueves 18 de diciembre, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley del Presupuesto General del Estado 2026 y la Ley de Salarios por un total de $10,555.5 millones. El plan contempla una reducción de $164,210,965 al Órgano Judicial y un aumento de $50.6 millones al presupuesto de la Presidencia de la República respecto a 2025, alcanzando los $190.2 millones para 2026.
Contraste con las gestiones de Arena
Las críticas actuales del partido opositor contrastan con datos oficiales y antecedentes de sus administraciones, que gobernaron El Salvador entre 1989 y 2009. Registros del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de Reserva (BCR) indican que durante los últimos gobiernos de Arena la deuda pública pasó de niveles cercanos al 30 % del PIB a más del 50 %, con un fuerte incremento durante la administración 2004-2009.
En el ámbito judicial, exmandatarios y exfuncionarios vinculados a Arena han enfrentado procesos por delitos relacionados con el manejo de fondos públicos. El expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) fue condenado por peculado y lavado de dinero tras admitir el desvío de más de $300 millones de fondos estatales. En el caso del expresidente Francisco Flores (1999-2004), la Fiscalía documentó el uso irregular de donaciones millonarias de Taiwán; el proceso penal se extinguió tras su fallecimiento, pero los hechos fueron ampliamente documentados por instancias judiciales y legislativas.
Asimismo, investigaciones oficiales establecieron la existencia de un sistema de sobresueldos pagados con fondos públicos a altos funcionarios durante administraciones de Arena y del FMLN entre 1989 y 2019, mecanismo que fue señalado como irregular por la Corte de Cuentas y comisiones legislativas especiales.
En materia social, estadísticas oficiales del BCR y de la Dirección General de Estadística y Censos (Digestyc) reflejan que, pese al crecimiento económico registrado en algunos períodos bajo gobiernos areneros, la pobreza y la desigualdad persistieron, especialmente en zonas rurales, sin lograr reducciones sostenidas en pobreza extrema.
Arena sostiene que desde 2019 ha aumentado el número de familias pobres y que el presupuesto 2026 no incluye un plan serio para atenderlas. “No trae programas sociales, estos se han reducido, y la inversión en comunidades rurales prácticamente desapareció. Las necesidades están en los cantones, no solo en los escritorios”, afirmó el partido.
El contraste entre las críticas actuales de Arena y los antecedentes de sus gestiones vuelve a colocar en el debate público el manejo histórico de las finanzas estatales, la transparencia y la responsabilidad de los partidos políticos en el uso de los recursos públicos.
