Por enriquecimiento ilícito de $392,989.62, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, con sede en Santa Tecla, La Libertad, realizó la audiencia preparatoria [primera del juicio civil] del proceso promovido al exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo y su esposa Vanessa María Handal de Lazo.
La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República señala en la demanda, que en su calidad de diputado de Asamblea Legislativa por Usulután, entre el 1 de mayo del 2012 al 30 de abril del 2015, tuvo un incremento patrimonial que no pudo justificar ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
Al exlegislador y su cónyuge le cuestionan 25 irregularidades halladas en sus declaraciones patrimoniales en los rubros de depósitos en efectivo de cuentas de ahorro y cuentas corrientes, adquisición de vehículos, pagos a préstamo y pagos a tarjetas de crédito y resultados negativos entre los ingresos y egresos, es decir que gastaron más de lo que percibían como salario.
El origen de esos fondos se desconoce por parte de la Fiscalía General de la República ya que en la documentación certificada por la CSJ se detalla que la Sección de Probidad, pese a que les dio la oportunidad de justificar ese incremento patrimonial, no pudieron desestimar las inconsistencias detectadas.
A Manuel Rigoberto Soto Lazo le reprochan 18 irregularidades por un monto de $332,409.19 y a Vanessa María Handal de Lazo, la señalan de un enriquecimiento ilícito de $60,585.43 en siete inconsistencias.
El ministerio público pretende que el caso llegue hasta la fase final y que ambos sean condenados a devolver al Estado el monto reclamado, además sean inhabilitados para ejercer un cargo público por 10 años.
