Fiscales de la Unidad Anticorrupción presentaron una solicitud de ejecución forzosa ante la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador, para que se obligue al expresidente Elías Antonio Saca y su esposa Ana Ligia Mixco Sol de Saca a pagar $4,482,307.53.
Cuando ambos fueron condenados por enriquecimiento ilícito se les ordenó devolver al Estado esa cantidad de dinero ya que la Fiscalía General de la República probó que fue el incremento patrimonial injustificado que tuvieron.
El 5 de enero de 2021, los magistrados de la Cámara resolvieron que Saca no demostró la procedencia lícita del dinero, evidenciando un incremento patrimonial no justificado de $3,892,698.71.
Mientras que la exprimera dama, Ana Ligia Mixco Sol de Saca, tuvo un enriquecimiento ilícito de $589,608.82.
Los esposos Saca, además de ser condenados a reintegrar al Estado $4,482,307.53, quedaron inhabilitados para ejercer un cargo público por un plazo de diez años.
«Esta sentencia se pronunció y por no haber un cumplimiento voluntario es que estamos haciéndoles la ejecución forzosa de la sentencia» dijo una fiscal anticorrupción.
Este proceso tiene su origen el 7 de marzo de 2016, cuando los magistrados de la CSJ ordenaron el proceso civil el cual fue presentado por la Fiscalía, el 21 de abril del mismo año.
Tras analizar la solicitud, la Cámara Primera de lo Civil decidió el 31 de mayo de 2016 admitir la demanda y los esposos Saca fueron notificados hasta el 17 de julio del año 2017 para que ejercieran su defensa y presentaran sus argumentos.
La Unidad Anticorrupción los demandó por enriquecimiento ilícito de $5,165,000, pero los magistrados al momento de fallar dictaminaron que el monto fue de $4.4 millones.
Cuando se presentó el proceso se incluyó a los hijos de Saca; Gerardo Antonio, José Alejandro y Christian Eduardo Saca Mixco; y la sociedad Promotora de Comunicaciones S.A de C. V. pero la Cámara los excluyó por considerar que los tres no tuvieron calidad de funcionarios o empleados públicos.
