La Iniciativa Social para la Democracia (ISD) presentó los resultados de su investigación de resoluciones de casos en el sistema judicial, evidenciando una tendencia a la corrupción por parte de actores económicos, sociales y políticos que buscan favorecerse de la impunidad.
El emblemático caso del Banco Davivienda, que fue condenado a pagar 49 millones de dólares al empresario Mauricio Salaverría, no obstante, el recurso de amparo presentado por los abogados de la institución bancaria donde solicitaban que la Sala de lo Constitucional tomara el caso de la Sala de lo Civil para intentar revertir el fallo, demuestran el alto nivel de injerencia así como pondría en riesgo la institucionalidad del sistema.
Entre otros casos están la “interpretación” de la ley que dejó libre al Magistrado Jaime Escalante, considerando los jueces que éste no cometió delito sino una “falta de Actos Contrarios a las Buenas Costumbres y al Decoro Público”, demostrando una vez más que el sistema judicial está en riesgo de perder su autonomía para beneficiar a sectores minoritarios que a la población salvadoreña.
