La Dirección General de Centros Penales de El Salvador avanza en la intervención y modernización de centros escolares en el departamento de Sonsonate, trabajos que son ejecutados por personas privadas de libertad en fase de confianza como parte del Plan Cero Ocio.
Las obras forman parte de los proyectos de mejora de infraestructura educativa que buscan dignificar los espacios de aprendizaje y fortalecer las condiciones para estudiantes y docentes.
Uno de los centros educativos intervenidos atiende a 247 estudiantes desde parvularia hasta educación básica, con un área de construcción de 620 metros cuadrados y una inversión de aproximadamente $810,000.
El segundo proyecto beneficiará a 415 estudiantes, también de niveles de parvularia a básica, en un espacio de 759 metros cuadrados, con una inversión cercana a $991,000.
Principales obras de renovación
Las intervenciones incluyen mejoras integrales en infraestructura y servicios, entre ellas:
- Construcción de andenes, áreas lúdicas y zonas ajardinadas para fortalecer espacios de recreación y convivencia escolar.
- Sustitución completa del sistema eléctrico, con cableado moderno, luminarias LED y ventiladores en cada aula.
- Optimización de la red hidrosanitaria, para mejorar el funcionamiento de los servicios sanitarios.
- Instalación de ventanas corredizas tipo francesa para favorecer la iluminación natural y ventilación de los salones.
- Sustitución de puertas por estructuras metálicas con estándares de durabilidad y seguridad.
- Nivelación de pisos y colocación de porcelanato de alto tráfico, que brinda mayor resistencia y moderniza los espacios.
- Reparación de paredes, incluyendo escarificación, repello, afinado y aplicación de nueva pintura.
Como parte del equipamiento, los centros educativos también recibirán mobiliario para docentes y estudiantes, juegos didácticos y un área de cocina, lo que permitirá mejorar las condiciones para el desarrollo educativo.
Las autoridades indicaron que estos trabajos forman parte del programa que promueve el uso productivo del tiempo de las personas privadas de libertad en fase de confianza, mientras contribuyen a la construcción y recuperación de infraestructura pública en beneficio de las comunidades.
