Diputados de la Asamblea Legislativa les otorgaron seguridad jurídica y territorial a los habitantes de una comunidad, que por más de 20 años esperaron obtener las escrituras del territorio en donde habitan.
Por lo que, con 58 votos, los parlamentarios reformaron la Ley Especial para la Legalización de las Calles, Tramos de Calle, de Carretera, Derechos de vía y Antiguos Derechos de Vía, Declarados en Desuso y Desafectados como Uso Público, para ser transferidos en propiedad a las familias de escasos recursos económicos que las habitan, a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular.
Ante esto, 18 familias de escasos recursos –asentadas en la comunidad Michapa, sectores 1 y 2- recibirán sus títulos de propiedad. Dichos inmuebles se ubican en dos tramos colindantes de la carretera Panamericana. El primer sector está próximo a San Martín; mientras que el segundo, en el desvío a San Rafael Cedros, en el municipio de Santa Cruz Michapa, en Cuscatlán Sur.
El sitio fue declarado en desuso y desafectado del uso público, luego de una evaluación de campo ejecutado por personal técnico del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), del Ministerio de Vivienda, del Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) y de la Dirección de Legalización de la Propiedad (DLP).
Bancada de Nuevas Ideas respalda a décima sexta comunidad
Los miembros de los antiguos partidos políticos dejaron en el olvido a las comunidades y los habitantes de estas solo recibían falsas promesas respecto a la entrega de derechos de propiedad. Incluso, muchos de estos fueron estafados.
Hoy, los residentes de la comunidad Michapa fueron escuchados. Por eso, esta emisión de títulos de pertenencia de tierras se convierte en la entrega número 16 que el partido de Nuevas Ideas propone, estudia y aprueba a favor de la población.
Ante esto, la parlamentaria Janneth Molina, quien promovió dicha propuesta, indicó: “Vamos a entregar seguridad jurídica a estas familias. Ellas estuvieron esperando a que alguien los escuchara y los tomara en cuenta”.
Además, agregó que la solicitud por parte de los asentados en esa zona no era nueva y que, incluso, en el pasado ya habían estado en la Asamblea Legislativa y nunca se le dio seguimiento al caso de la entrega de sus tierras.
