El Gobierno ha activado un plan nacional para evitar que sectores oscuros acaparen productos de primera necesidad y con ello provoquen el aumento en los precios de artículos de primera necedidad sobre todo de la canasta básica familiar, ante el anuncio del aumento del salario mínimo.
Es de mencionar que de acuerdo artículo 233 del Código Penal, por el delito de acaparamiento la prisión oscila entre los 3 a 5 años.
«El que almacenare, sustrajere o retuviere fuera del comercio normal, alimentos, artículos o productos de primera necesidad, provocando o pudiendo provocar el alza inmoderada de los precios, ajuicio de la autoridad administrativa competente, será sancionado con prisión de tres a cinco años”, detalla la normativa.
El Presidente Nayib Bukele ha expresado hoy que el despliegue y la vigilancia de la Defensoría del Consumidor también deberá contribuir a la baja y estabilidad de precios.
La Defensoría del Consumidor advierte que, en caso de identificar incremento arbitrario de precios o restricción de venta de productos en el mercado nacional, actuará y perseguirá las prácticas ilegales con todos los recursos legales que le permite el marco jurídico vigente.
Asimismo, reitera que el monitoreo periódico de precios de los productos básicos le permite determinar o establecer prácticas abusivas como la utilización de maniobras o artificios para la consecución de alza injustificada de precios de artículos de primera necesidad, conforme el art. 18, literal h, de la Ley de Protección al Consumidor. Dicha práctica constituye infracción muy grave, según el art. 44, literal e, de la LPC, que puede ser sancionada hasta con 500 salarios mínimos mensuales en la industria.
