Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron ayer con 58 votos la Ley Especial contra el Tráfico Ilegal de Personas. El marco legal busca la detección, persecución penal integral, juzgamiento y prevención del delito de tráfico ilegal de personas, ya sea que este se haya cometido con la vinculación o no de organizaciones o grupos criminales.
Hace uno minutos, el presidente de la República, Nayib Bukele adelantó que, vetará la normativa, porque según dijo, esta ley estaría criminalizando la migración irregular.
“Soy la última persona que quiere que nuestra gente se vaya. Pero no podemos seguir criminalizando la migración.
Alguien que secuestra y trafica a su víctima es MUY DIFERENTE de alguien que ayuda a un grupo de gente desesperada a cruzar una frontera. Esta ley será VETADA” advierte el Jefe de Estado.
El gobernante asegura que esa propuesta de ley criminaliza a todos sin distinción y recordó que hay verdaderos criminales que sí hay que perseguir, pero detalló que generalizar es peligroso e inhumano.
“La nueva Asamblea hará una ley que persiga a los crimínales, pero que no criminalice a nuestros migrantes”, dijo.
Según los diputados, la normativa aprobada por los diputados contempla penas carcelarias por los delitos de tráfico ilegal de personas de ocho a doce años, la promoción de tráfico ilegal de personas tendrá una pena carcelaria de cuatro a ocho años, el delito de agrupaciones ilícitas dedicadas al tráfico ilegal de personas y el de obstaculización del debido proceso de tres a seis años.
La ley también plantea que se crearán las unidades especializadas de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil, y establece que, para la investigación de este delito, estas instituciones podrán coordinarse con instituciones homólogas a nivel regional o internacional.
También se establecen derechos para nacionales o internacionales que hayan sido víctimas de tráfico ilegal, entre estos: protección de su integridad de acuerdo a la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos, recibir asistencia de las representaciones diplomáticas y consulares y retorno oportuno a su país de origen o al país donde tuvieran domicilio.
