El Gobierno del Presidente Nayib Bukele colaboró y sigue trabajando en hacer efectiva la orden judicial de extinción de dominio de bienes del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). El embargo a la sede de ese instituto político, el viernes 2 de julio, es parte de la recuperación de $10 millones que Taiwán donó a El Salvador, dirigidos a las víctimas de los terremotos ocurridos en 2001 y que fueron desviados al partido.
La Policía Nacional Civil (PNC), como órgano auxiliar, ha dado la asistencia requerida por la fiscalía general de la República. “La fiscalía nos solicitó acompañamiento a un registro con prevención de allanamiento (…) bajo la ley de extinción de dominio se realizó esta acción, hay autorización del juez”, mencionó el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas.
El director policial enfatizó que los allanamientos se realizan bajo el debido proceso. “Hay bastante presunción. Tuvimos a un expresidente hablando de cómo se repartieron el dinero de un donativo tras un deslave en Santa Tecla (en 2001). Colaboramos con la fiscalía general para desarrollar una medida cautelar”, apuntó el titular de la PNC.
Por orden de un juez especializado, dos sedes de ARENA han sido allanadas en el proceso, una en San Salvador y la otra en Ahuachapán, ha solicitado también la incautación de vehículos propiedad del partido político. “Tenemos que acompañar a la fiscalía general de la República.
“Son 17 vehículos que se nos requirió, unos se han localizado en departamentos como La Unión y Cabañas”, detalló Chicas.
La extinción de dominio decretada por un tribunal sobre los bienes del partido ARENA forma parte del proceso civil del caso Taiwán, fondos que ese país envió a El Salvador, destinado a los residentes de Las Colinas, Santa Tecla, quienes perdieron sus viviendas en los terremotos de enero y febrero de 2001, recursos que fueron desviados a cuentas del partido, de acuerdo con la confesión, en 2014, del expresidente Francisco Flores ante la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investigó el caso.
