La Corte de Constitucionalidad del Órgano Judicial de Guatemala resolvió que los funcionarios condenados por delitos en la administración pública puedan recuperar su libertad si pagan una multa. La resolución también beneficia a las personas que cumplen una condena por casos de corrupción en el Estado.

El fallo del jueves, que se dio a conocer el viernes a los medios, dejó sin vigencia lo establecido en el inciso 7 del artículo 51 del Código Penal, que no permite el canje de una pena por otra a los condenados por delitos contra la administración pública y la administración de la justicia. Según la Corte, cambiar la cárcel por una sanción económica es aplicable para aquellos delitos que tienen una pena de prisión que no exceda los cinco años.

Con esta resolución podrían beneficiarse las personas condenadas por concusión, fraude, peculado, cohecho pasivo, violación a la constitución, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, malversación y trafico de influencias, entre otros delitos.

Uno de los magistrados que apoyó el fallo, Néster Vásquez, es señalado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de manipular las elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Salas de Apelaciones del Organismo Judicial.