Ante extremo peligro de fuga, la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador, ordenó recapturar al exministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde y a 18 exfuncionarios de seguridad, vinculados al caso penal de desvío de fondos en las tiendas penitenciarias a través de la Asociación Yo Cambio entre 2018 y 2019.
En la resolución, la juez emitió una caución económica que va entre los $5,000 y $1,000 para los imputados, la cual ahora deberá ser devuelta, y regresar a la cárcel.
Cabe destacar que los magistrados revocaron las medidas sustitutivas que el Juzgado Sexto de Paz dictó el 15 de septiembre a favor de los acusados de delitos de peculado, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, cohecho impropio y falsedad documental agravada, para quienes, ordenó que el Juzgado Segundo de Instrucción a cargo del proceso, gire las órdenes de captura respectivas.
El tribunal superior fundamentó su resolución en el peligro de fuga de los imputados y en la probable obstaculización de la investigación que se sigue, tomando en cuenta que todavía laboran en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, así como en la Policía Nacional Civil.
La resolución de la Cámara apunta: “Estamos ante delitos muy graves, cosa que no genera certeza sobre el sometimiento de los referidos imputados a futuras convocatorias, dada la situación imputable”.
Por su parte, el defensor, Gustavo Huezo, dijo que sin establecer de qué forma, ni en qué actos de prueba van a ser ellos, obstáculo de la investigación, ni dan un razonamiento jurídico.
La orden de captura ordenada sería contra 19 de los 21 exfuncionarios acusados entre ellos el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde y el exdirector de Centros Penales, Marco Tulio Lima Molina.
Sólo en el caso del exviceministro Raúl López, la Cámara confirmó que seguirá con medidas tras presentar un cuadro grave de salud, sin embargo, dejó la posibilidad de que Fiscalía valore cambiar la medida.
En su momento, el fiscal general, Rodolfo Delgado, afirmó que los imputados serían acusados de extraer $14 millones de 21 tiendas institucionales que familiares depositaban para que sus parientes pudieran hacer sus compras en las cárceles.
