El expresidente, Mauricio Funes, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de enriquecimiento ilícito y otros delitos, reaparecio este jueves en una entrevista vía Facebook Live y en ella aceptó que durante su gestión de gobierno los presos tenían permitido comunicarse vía telefónica.
Este tipo de «prebendas» en las prisiones del país facilitó la comunicación entre grupos criminales para planificar ilícitos en el marco de la tregua entre la pandilla 18 y la Mara Salvatrucha.
«Efectivamente mi gobierno facilitó el proceso de pacificación (tregua) entre las dos principales ranflas del país», reconoció Funes, descargando la responsabilidad de esas decisiones en sus exfuncionarios quienes en ese entonces estaban a cargo de la administración de las cárceles.
De acuerdo con la FGR, Mauricio Funes, cometió el delito de Incumplimiento de Deberes. La fiscalía señala que Funes jugó el papel de facilitador de la tregua a cambio de beneficios a pandilleros recluidos en cárceles del país, entre ellos, realizar traslados de líderes de pandillas a penales menos estrictos.
La tregua entre pandillas, también conocido como «proceso de pacificación» fue una política de Estado implementada entre marzo de 2012 y el año 2013, pero que desprotegió a la ciudadanía de innumerables hechos delictivos por parte de pandilleros.
Actualmente, Mauricio Funes Cartagena, huye de la justicia por otros procesos legales en su contra. Funes yace en Nicaragua, país que le concedió la ciudadanía.
El exmandatario acumula cinco procesos penales en El Salvador. Todos por diversos delitos vinculados a corrupción.
Es señalado de participar en el «Caso Corruptela», en el cual se procesa a una red de venta de justicia a cambio de dádivas al interior de la Fiscalía General de la República que dirigió Luis Martínez.
La Fiscalía también acusa a Funes de haber sobornado a Luis Martínez para no ser investigado por su participación en la negociación de la tregua entre pandillas.
También, Funes es requerido por la justicia salvadoreña por las anomalías ocurridas en la construcción de la represa El Chaparral. En este caso, al exmandatario se le acusa por peculado, mientras que, a Ada Mitchell Guzmán, su compañera de vida, se le imputa el delito de lavado de dinero.
Asimismo, se ha solicitado capturar a Funes para que responda por haber divulgado en televisión el Reporte de Operaciones sospechosas (ROS) que incriminó al expresidente Francisco Flores en el desvío de donativos del gobierno de Taiwán para los afectados de los terremotos de 2001.
El pasado 3 de abril, el juzgado Octavo de Paz de San Salvador ordenó capturar a Funes por el delito de evasión fiscal en perjuicio de la Hacienda Pública. La orden de captura se formuló una semana después de que la Fiscalía acusara al exmandatario de no pagar más de $375,000 en impuestos en el período fiscal de 2014.
