La Defensoría del Consumidor junto con equipos de los ministerios de Agricultura, Hacienda, y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) continúa con su amplio despliegue de inspección en diferentes zonas del país para determinar las causas y establecer responsabilidades ante la especulación de precios en algunos productos lácteos.
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, y el ministro de Agricultura, David Martínez, participaron en las verificaciones que fueron efectuadas en el municipio de Mejicanos, en San Salvador.
Anteriormente, Salazar comunicó que el mercado de productos lácteos se encuentra suficientemente abastecido tras una serie de recorridos, y advirtió que se actuará con todo el rigor de la ley en caso de comprobarse la práctica abusiva de aumento injustificado.
Las sanciones contra quienes se compruebe que promueven prácticas abusivas son severas. Podrán tener sanciones de hasta 500 salarios mínimos.
Además, el acaparamiento puede llegar a tener sanciones de dos a seis años de cárcel, bajo las líneas del Código Penal. La Defensoría estará comunicando dichos hallazgos a la Fiscalía General de la República.
