El control de las actividades marítimas y portuarias, mayor seguridad y la preservación del medio ambiente acuático son algunos de los objetivos por los que la Asamblea Legislativa aprobó, con 64 votos, la creación de la Ley de Navegación.
Dicha normativa, compuesta de 228 artículos, busca proteger las 200 millas náuticas que pertenecen a El Salvador, de conformidad a la Constitución de la República.
Para ello, la Marina Nacional tendrá autoridad para resguardar las costas salvadoreñas, por lo que se encargará de la supervisión, del control, el desarrollo y la defensa, así como la vigilancia al ejercicio de la soberanía y jurisdicción en el territorio marítimo y aguas continentales nacionales.
La falta de presencia de la Fuerza Naval en este sector, durante gobiernos pasados, propició el crecimiento de las pandillas y el cometimiento de actos ilícitos y esto afectaba el crecimiento económico del país, debido a que la mayor cantidad de mercancías se trasladan a través del mar.
Con esta normativa se implementarán estrategias y se ejecutarán acciones encaminadas a la prevención de delitos como trata de personas y tráfico ilegal de inmigrantes, por lo que se estará contribuyendo al combate del narcotráfico, el contrabando y la explotación ilegal de los recursos marítimos.
Por ende, toda nave nacional o extranjera que se intercepte porque ha sido utilizada para cometer actividades ilícitas, entre ellas la trata de personas, pasará a ser propiedad del Estado, de acuerdo a lo previsto en la legislación penal y en materia de extinción de dominio.
Referente a la protección de la vida marina, la normativa incluye sanciones administrativas o penales para aquellas personas que arrojen al océano desechos tóxicos, basura y otros contaminantes.
Esta herramienta jurídica le permitirá al país formar parte de las naciones del continente adscritos a las marinas, como México, República Dominicana, Guatemala, Colombia, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Chile, entre otras.
