Joaquín El Chapo Guzmán Loera apeló su condena de cadena perpetua “por drogas, armas y lavado de dinero, derivadas de su presunto liderazgo del cártel de Sinaloa”, a través de un escrito entregado por su abogado, Marc Fernich, a la Corte del Segundo Distrito en Nueva York, en Estados Unidos.
Mark Fernich comentó que el supuesto impulso de juzgar a un personaje así, por natural que sea, “debe resistirse” e indicó que “una promesa fundamental del sistema de justicia penal es que incluso los peores entre nosotros merecen ser juzgados y castigados legalmente”
El documento, que supuestamente Guzmán Loera ayudó a elaborar desde su reclusión en la Supermax de Colorado, plantea diez errores legales en el juicio en su contra, por lo que Fernich envió información adicional que resguarda “la cantidad y complejidad de los problemas y la magnitud de lo que está en juego».
En el documento, la defensa de El Chapo alega que uno de los errores es que el tribunal de distrito “denegó ingresar una moción” de Guzmán Lorea, quien alegaba “violaciones de especialidad en su extradición de México a Estados Unidos”.
Una más, refiere que el gobierno colmó al acusado de restricciones previas al juicio “sin precedentes”, como retenerle información confidencial, además de las “medidas administrativas especiales y opresivas”, como el confinamiento solitario y una “onerosa orden de protección” que violó los derechos de la quinta y sexta enmienda y el debido proceso obligatorio que da vía a un juicio justo.
Asimismo, aseguran que las autoridades se equivocaron al acusar conspiraciones de asesinatos relacionados con drogas, “admitiendo excesivas pruebas de violencia gráfica en su apoyo”.
En otro punto, afirman que el gobierno “interceptó conversaciones telefónicas inculpatorias irracionalmente adscritas a Guzmán”, lo que representa una violación a la cuarta enmienda, mismo derecho constitucional que no se respetó cuando “el gobierno buscó ilegalmente mensajes de texto inculpatorios”, presuntamente relativos al narcotraficante y “los descargó sin tener el poder para emitir garantías de búsquedas de datos electrónicos”.
Una más, refiere que el gobierno colmó al acusado de restricciones previas al juicio “sin precedentes”, como retenerle información confidencial, además de las “medidas administrativas especiales y opresivas”, como el confinamiento solitario y una “onerosa orden de protección” que violó los derechos de la quinta y sexta enmienda y el debido proceso obligatorio que da vía a un juicio justo.
Asimismo, aseguran que las autoridades se equivocaron al acusar conspiraciones de asesinatos relacionados con drogas, “admitiendo excesivas pruebas de violencia gráfica en su apoyo”.
En otro punto, afirman que el gobierno “interceptó conversaciones telefónicas inculpatorias irracionalmente adscritas a Guzmán”, lo que representa una violación a la cuarta enmienda, mismo derecho constitucional que no se respetó cuando “el gobierno buscó ilegalmente mensajes de texto inculpatorios”, presuntamente relativos al narcotraficante y “los descargó sin tener el poder para emitir garantías de búsquedas de datos electrónicos”.
Destaca que la condena de El Chapo debe revertirse igualmente porque su “abogado principal cayó en conflicto de interés” y pide que el caso se reponga “ante un juez y en un distrito diferente”.
Fernich remata argumentando que «el juicio de Guzmán se vio empañado por excesos y extralimitaciones desenfrenados, tanto gubernamentales como judiciales, recursos innecesarios si realmente era el capo extraordinario, insistían sus adversarios».
El abogado prometió que en las siguientes dos semanas enviará al tribunal el legajo de pruebas que sustentan sus dichos, con lo cual se abre una nueva etapa en este proceso.
