El Instituto de Acceso a la información Pública (IAIP) confirmó este día la admisión de una denuncia interpuesta por dos ciudadanos contra los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que decidieron no acatar resolución del IAIP en relación a la entrega de las versiones públicas de informes sobre presunto enriquecimiento ilícito.
Antecedentes:
El 24 de julio el IAIP emitió una resolución en la que se le ordenó a la Corte Suprema de Justicia entregar las versiones públicas de los informes elaborados por la Sección de Probidad sobre presunto enriquecimiento ilícito de los casos que habían sido resueltos por la CSJ durante el 2018.
El 19 de agosto del presente año, el Instituto fue notificado que por mayoría simple, el Pleno de la Corte decidió «No acatar la resolución», alegando, entre otros criterios, que acceder a lo requerido por el IAIP significaba violar la Constitución, anteponiendo una ley secundaria y que se vulnera el derecho a la seguridad y la intimidad personal.
Finalmente, la CSJ emitió, resolución a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a efecto que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la decisión adoptada.
De acuerdo al acta de la sesión de Corte Plena de fecha 8 de agosto del presente año, la cual fue requerida por ese Instituto, la decisión fue respaldada y firmada por ocho de los quince magistrados y magistradas que la conforman, siendo los siguientes: Doris Rivas Galindo; Ovidio Bonilla Flores; Roberto Carlos Calderón Escobar; Oscar Alberto López Jerez; José Roberto Argueta Manzano; Elsy Dueñas Lovos; Dafne Yanira Sánchez de Muñoz y Alex Marroquín Martínez.
