Luego que la Sala de lo Constitucional realizó una audiencia de seguimiento sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para que legisle en función de las familias de las víctimas del conflicto armado y que se haga un proceso de formación de ley en el que tome en cuenta los planteamientos de diferentes sectores de la sociedad civil, incluido el del Órgano Ejecutivo en relación a programas de desagravio y otras medidas de reparación.
Asimismo, el mandatario vetó la Ley de Reconciliación Nacional (Decreto 575), aprobado en febrero por la Asamblea Legislativa, porque, además de no cumplir con la sentencia de la Sala, favorecía la conmutación de la pena o la reducción de la misma si el implicado pedía perdón a las víctimas o colaboraba con la investigación, entre otros vacíos.
De acuerdo al Gobierno, la Ley aprobada por los diputados no contenía medidas de resarcimiento y no tomó en cuenta a las familias de las víctimas, por lo que tampoco se cumple un mandato de la Sala en relación a los crímenes de lesa humanidad y otros hechos del conflicto armado, como las masacres de El Mozote y Sumpul o los asesinatos de San Oscar Arnulfo Romero y los sacerdotes jesuitas de la UCA.
“Lo que aprobaron los diputados es un fraude y una Ley de Amnistía más, es algo asqueroso como la ley anterior”, dijo el Presidente Bukele en febrero, previo a vetar el decreto.
Esta semana, la jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz, confirmó que no votaron para la aprobación del Decreto 575 porque “no consultaron a las víctimas”, aunque dejó entrever que buscarán superar el veto del Presidente Bukele, más allá de valorar si se cumple o no con los parámetros de la Sala, cuando incluso hay aspectos de lesa humanidad de por medio que la ex guerrilla decía defender.
En la audiencia de seguimiento, para dar por cumplida o no la sentencia, el Gobierno dejó claro que espera que los diputados no busquen superar el veto presidencial, sino elaborar una nueva legislación, basada en estándares nacionales e internaciones de derechos humanos y que incluya el financiamiento de todos los programas de apoyo a los familiares de las víctimas de casos emblemáticos o daños atribuidos a la Fuerza Armada y la ex guerrilla del FMLN.
Pese a todas las limitaciones presupuestarias, el Gobierno del Presidente Bukele, a través de los ministerios de Gobernación, Salud y Desarrollo Local, entre otras instituciones, sí ha cumplido con parámetros de la sentencia, a pesar de que no hay una ley al respecto.
En casos específicos como El Mozote, el Gobierno del Presidente Bukele ha mostrado que la actitud del Órgano Ejecutivo es muy diferente a las anteriores administraciones, entregando toda la información disponible del caso para robustecer el proceso judicial en curso y apoyando el desarrollo de las comunidades de la zona (municipio de Meanguera, Morazán), por lo que se continuará con esta política para estar del lado de las víctimas y resarcir el daño ocasionado durante la guerra civil.
