Autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) han denunciado que el gobierno pasado de Salvador Sánchez Cerén avaló la contratación de una empresa a través de licitaciones «amañadas» para la construcción del Hospital Regional de San Miguel.
La directora del ISSS, Mónica Ayala pide a la Fiscalía General de la República (FGR) que declare nulo el acuerdo complementario firmado entre el ex director del ISSS, Ricardo Cea y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en el proyecto de construcción y equipamiento de dicho nosocomio, el cual ya presenta graves daños.
De acuerdo con Mónica Ayala la institución se ahorraría un aproximado de $40 millones al declarar nulo dicho acuerdo. La titular califica este acuerdo como «lesivo» porque hasta la fecha ha ocasionado un perjuicio económico de $120 millones al Seguro Social y de no ser declarado nulo el costo podría incrementarse a $152,929,004.
«Múltiples veces en mis entrevistas le he pedido al Fiscal General de la República, Raúl Melara, que por favor investigue este caso porque, uno, estamos contratiempo, porque los derechohabientes necesitan un hospital de calidad, un hospital que refleje lo que se ha invertido, según cálculos al final se van a gastar casi $152 millones y nosotros hicimos el aviso, porque según las proyecciones ya iban $120 millones por desembolsarse», manifestó la directora.
Ayala asegura que, con ese acuerdo, la UNOPS allanó el camino para evadir los mecanismos de control legal a la cuestionada empresa International Business and Trade LLC (IBT), vinculada al empresario dominicano José Ramón Brea, un contratista que, según un aviso interpuesto en la Fiscalía General por el Gobierno de El Salvador, ha sido investigado en al menos siete países por supuesto fraude, corrupción, extorsión e incumplimientos de proyectos.
