La polémica tregua entre las dos principales pandillas, con la que se buscó disminuir el índice de homicidios en el país hace más de media década, fue una política pública que nació en el seno del gabinete de seguridad del expresidente Mauricio Funes, con el fin de mejorar la imagen de la primer administración del FMLN en el Gobierno.
Manuel Chacón, defensor de David Munguía Paye, en el caso tregua, admitió que cuando fueron procesados otros funcionarios en el caso de la tregua entre pandillas, Munguía Payes, reveló que efectivamente la tregua era una política pública de Estado.
En 2012, el gobierno de Mauricio consistió un pacto entre los líderes de la Mara Salvatrucha MS y Barrio 18 para disminuir la cifra de muertes por violencia, en esa época se registraban al menos entre 14 – 20 fallecimientos al día.
El acuerdo habría incluido que cabecillas de las pandillas pudieran comunicarse con sus estructuras en las calles, ante ello las autoridades de gobierno de turno tomaron una decisión polémica: los sacaron del penal de máxima seguridad conocido como Zacatraz y los enviaron a otras cárceles de mediana seguridad.
La políticas públicas de seguridad fueron el punto más débil de los gobiernos del FMLN.
Al visualizar una retrospectiva analítica de las cifras de la violencia homicida en El Salvador desde 2019 hacia 2010 puede identificarse la evolución de la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. Con esta referencia, hasta mediados de 2019 la tasa de homicidios era de 52 por cada 100 mil habitantes.
