El asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, considera que, al no presentar una orden judicial de allanamiento en las instalaciones del Ministerio de Salud, la Fiscalía General de la República (FGR) habría vulnerado el debido proceso.
De acuerdo a los trabajadores del Ministerio de Salud, los fiscales llegaron sin una orden de un juez quien autorizaba el allanamiento en las instalaciones. Asimismo, denunciaron la prepotencia y matonería con la que llegaron algunos fiscales del caso.
Los gerentes legales del MINSAL explicaron que la fiscalía presentó 36 horas después la orden de allanamiento a las instalaciones, lo que fortalece que fiscalía incumplió con parte del debido proceso que se establece en estos casos.
Para el asesor jurídico de la Presidencia, los fiscales se saltaron parte del marco legal para poder realizar estas acciones en el Ministerio de Salud y aseguró que hay una ruptura al orden legal y constitucional.
“La Fiscalía se juega la credibilidad y deja un mal precedente. Si eso se llegara a judicializar eso quedara ahí porque todo es nulo. Si eso se judicializa vamos a ver responsabilidades”, dijo Argueta.
Asimismo, el asesor jurídico de CAPRES considera que era incensario que los fiscales llegaran armados al allanamiento: “No necesitaban llevar armas, la fiscalía lleva con su envestidura de autoridad que, cuando eres fiscal, y vas con tu orden, no te pueden decir nada”.
Javier Argueta también aseveró que estas acciones en el Ministerio de Salud y la solicitud de desafuero para el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, pueden estar relacionadas a acciones de cara a las próximas elecciones en querer desacreditar al partido político que tiene mayor aceptación por parte de la ciudadanía.
