Los cómplices de una compleja red de corrupción del último período presidencial del FMLN, responsable de extraer $183 millones 860 mil 715 del erario público, son procesados por el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó el requerimiento fiscal ante el tribunal, en el cual señala al expresidente Salvador Sánchez Cerén, como el principal implicado del acto de corrupción. Se suman 16 exempleados y exfuncionarios de su administración cuando estuvo al frente del Ejecutivo entre 2014 y 2019.
Este miércoles enfrentan la audiencia inicial, para que los juzgadores decidan el siguiente paso en el proceso judicial.
El Ministerio Público ha detallado en sus investigaciones que, dentro de Casa Presidencial (CAPRES), se sacó dinero de la partida de Fondos Reservados de la Presidencia para personas particulares y empresas que no tenían ningún vínculo comercial con dicha entidad del Estado.
Los imputados presentes en este requerimiento son Jorge Antonio Revelo Vega, jefe del Estado mayor Presidencial; Daysi Armida Díaz Álvarez, tesorera institucional de la Presidencia; Manuel Arturo Ayala Orellana, director ejecutivo de la Presidencia, y Alexander Benítez Peña, propietario del taller Frenos y Más.
El juzgado también ha intimado a Francisco Rodríguez Arteaga, gerente financiero de la Presidencia; Pablo Gómez, asistente financiero de la Presidencia, y Jorge Alberto Herrera Castellanos, tesorero institucional de la Presidencia.
Estas últimas figuras guardan arresto domiciliar, ya que están vinculados al proceso penal en contra del expresidente de la República, Mauricio Funes Cartagena, también del FMLN.
