Esta semana dio inicio en la Audiencia Nacional de Madrid el juicio contra el exviceministro de Seguridad Pública (1989-1992) Inocente Orlando Montano, el único militar salvadoreño procesado por el asesinato de los sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras en 1989.
Este dia, el excoronel, acusado del asesinato durante la guerra civil de El Salvador, negó el haber planeado o participado en la masacre de hace más de tres décadas.
Montano, que se negó a contestar a las preguntas de las acusaciones o fiscalía y sólo respondió a las de su abogado defensor, admitió participar la víspera de los asesinatos en una reunión a la que asistieron el presidente del gobierno, que en aquel momento ejercía Alfredo Cristiani, su aparato de seguridad y la plana mayor del ejército, pero negó que allí se discutiese atacar a los jesuitas.
“En ningún momento ni el gobierno ni nosotros en el alto mando estuvimos de acuerdo que se hubiese llegado a esa situación,” señaló. “Es más, en lo personal, yo siempre pensé que había sido el FMLN el que había cometido ese asesinato. No hubo por parte mía una acusación en contra de la UCA o a las autoridades de la UCA.”
Sin embargo, en muchas ocasiones analistas políticos y expertos en temas de seguridad han explicado que, el presidente de la República es el comandante General de las Fuerzas Armadas, y que, no se toma ninguna decisión, sin la aprobación del mandatario.
En ese sentido, los analistas determinan que, es poco probable, que esa decisión de asesinar a los padres jesuitas no se haya consultado con el presidente, que en ese entonces era Alfredo Cristiani.
Asimismo, los analistas políticos consideran que en el banquillo de los acusados no solo tiene que estar el ex coronel Orlando Montano, ya que hay muchas personas que tuvieron que ver con ese asesinato, con una participación intelectual.
Por su parte, la comisión de la verdad en El Salvador concluyó que el ataque fue planificado y autorizado por altos rangos militares para descarrilar el proceso de paz. Los culpables fueron amnistiados en 1993. La comisión también halló que Montano estuvo presente en al menos dos de las reuniones previas a la masacre.
Montano se enfrenta a 150 años de prisión por presuntos crímenes contra la humanidad y el asesinato del padre Ignacio Ellacuría, rector de la UCA, y otros cuatro sacerdotes nacidos en España que mediaban en las conversaciones de paz entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, FMLN.
