Ante el letargo de los diputados para legislar en torno a la aprobación de la nueva Ley de Reconciliación Nacional, madres y familiares de víctimas de la guerra, aglutinados en la Mesa contra la Impunidad, se manifestaron este día en San Salvador para reclamar a los parlamentarios resultados de su trabajo y no dejar espacio para la impunidad de los criminales de lesa humanidad.
En más de una ocasión los parlamentario han pedido prorroga para trabajar en el proyecto. De acuerdo con diversas organizaciones pro Derechos Humanos, esta situación es motivada por los conflictos de intereses de las fracciones legislativa de los partidos ARENA, FMLN, PCN y PDC al contar con diputados cómplices directos o indirectamente en crímenes de guerra.
Los parlamentarios están contra el tiempo para aprobar una Ley de Reconciliación en cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Constitucional que el 13 de julio de 2016 declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General de 1993, la cual sirvió como tapadera para ocultar crímenes de guerra.
La inconformidad de los organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, recae en contra de los diputados: Antonio Almendáriz, Nidia Díaz, Mauricio «Chato» Vargas y el diputado Rodolfo Parker.
En el caso de Almendáriz la razón es por que se le responsabiliza de la ejecución de la médico española Begoña García Arandigoyen, crimen ocurrió el 10 de septiembre de 1990 en Santa Ana. Y en el caso del diputado Rodolfo Parker porque según el Informe de la Verdad alteró declaraciones para ocultar las responsabilidades de «altos oficiales» de las Fuerzas Armadas en el asesinato de los sacerdotes jesuitas.
En el caso de la diputada Nidia Díaz, tiene una denuncia ante Fiscalía General de la República por la supuesta participación en la masacre de la Zona Rosa a donde murieron trece personas, entre ellas cuatro marinos estadounidenses la noche del 19 de junio de 1985; Nidia Díaz era miembro del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC) supuesto grupo autor de la masacre.
Otro diputado que no es bien visto por las organizaciones es el diputado del partido ARENA, Mauricio Vargas, por haber sido testigo a favor del coronel Inocente Montano, en Estados Unidos, quien es acusado de orquestar el asesinato de seis curas jesuitas en 1989, en la UCA y por la vinculación que Vargas tiene con el denominado grupo de oficiales conocido como «La Tandona» a quien se les atribuye diversos delitos contra los derechos humanos.
