El Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana tiene previsto instalar este jueves, a partir de las 9:30 de la mañana, la audiencia inicial contra el diputado suplente del FMLN, Edwin Armando Grijalva Segundo, de 33 años de edad, a quien la Fiscalía acusa del delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego en perjuicio de la paz pública.
La petición fiscal, según el requerimiento presentado, es la instrucción formal con medidas sustitutivas a la detención, quien fue detenido en flagrancia el pasado 20 de febrero, a las 4:00 de la tarde, en la 31ª. Calle Poniente y Avenida Fray Felipe de Jesús Morga Sur, de Santa Ana.
De acuerdo con las autoridades, el imputado se conducía en un vehículo particular, placas P 593-103, en una caravana del FMLN, sobre la Avenida Fray Felipe de Jesús Moraga Sur, de Santa Ana, a la altura de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente (FMO) de la Universidad de El Salvador (UES), cuando la víctima les hizo sonar tres veces el claxon en señal de desaprobación. En ese momento, el imputado detuvo la marcha, se bajó del auto y apuntándole con un arma de fuego le dijo que lo iba a matar; y luego se fue.
La víctima llamó de inmediato al 911 de la Policía Nacional Civil (PNC) y el diputado suplente fue capturado un par de kilómetros más adelante en la dirección arriba mencionada. Los agentes le pidieron que se bajara del auto y en ese momento llegó la víctima y lo señaló de ser la persona que lo había amenazada con un arma de fuego.
En ese momento, los policías le dijeron que le harían una requisa personal. Fue entonces que le encontraron a la altura de la cintura un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 mm., con un cargador y 15 cartuchos para la misma.
Al pedirle la documentación respectiva, dijo que el arma estaba asignada a un agente de la Protección a Personalidad Importantes (PPI) de su seguridad que no se encontraba en ese momento en el lugar.
Debido a esto, los agentes procedieron a detenerlo por la portación ilegal del arma de fuego. Además, procedieron a la incautación de la misma, la cual según la prueba de funcionamiento realizada por un perito de la Sección de Armas y Explosivos de la PNC se encuentra apta para realizar disparos; y según informe preliminar del Ministerio de Defensa dicha arma no se encuentra registrada.
