Acorde a investigaciones realizadas por la Corte de Cuentas, se evidenciaron irregularidades contractuales que suman $143,032.05 de fondos públicos a Julio Olivo cuando dirigía el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La auditoría, que abarca 30 páginas, pone de manifiesto dos contratos clave: uno por $101,710.35 para una agencia de publicidad y otro por $41,321.70 para servicios de radiocomunicación.
En la auditoría, el TSE es cuestionado por no haber dado el «seguimiento a la ejecución de las cláusulas contractuales», con el desarrollo de una campaña de comunicación social (en los canales de televisión, prensa escrita, radio, publicidad exterior con pantallas digitales, hojas volantes y producción de materiales, spot, cuña e impresos) sobre la verificación ciudadana de los datos en el registro electoral para las elecciones de 2019.
Estos fondos eran parte parte del presupuesto extraordinario para las elecciones presidenciales del 3 de febrero de 2019.
