Por más de 47,000 hechos delictivos consumados entre el 2012 y 2022, el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador ha comenzado a enjuiciar en audiencia ubica abierta a 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha.
Los terroristas están recluidos en más de 10 centros penales desde donde se ha establecido conexión hasta la sede de la sala de audiencia del tribunal que definirá la situación jurídica de 413 jefes de la MS presentes. También enfrentan la causa penal 73 cabecillas prófugos que jurídicamente son calificados como imputados ausentes.
Son 24 terroristas señalados como de la «ranfla histórica», es decir fundadores de la Mara Sara Salvatrucha los que enfrentan la audiencia; más de 200 ranfleros y 253 corredores.
Por la calidad de cabecilla, la Ley contra el Crimen Organizado ordena a los jueces que por ser dirigentes de estas estructuras deben ser condenados a 60 años de cárcel solo por agrupaciones ilícitas, este delito se configura con la pertenencia a una pandilla.
Pero por los miles de crímenes que los cabecillas cometieron y ordenaron, durante una década, el tribunal los podría condenar a cientos de años de prisión.
Agrupaciones ilícitas es el delito en común para los 486, pero de forma individual son enjuiciados por homicidio agravado, desaparición de personas, extorsión agravada, tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de drogas, actos de terrorismo, limitación a libre circulación, rebelión y otros delitos de crimen organizado y realización compleja.
Ante la gama de pruebas reunidas, los fiscales tienen la certeza de lograr severas condenas. El delito de rebelión que en muy pocos expedientes es conocido por los jueces, evidencia en esta causa penal que los cabecillas de la Mara Salvatrucha con su accionar atentaron contra el Estado, con el fin de mantener el control sobre todo el territorio nacional y así crear un Estado paralelo.
Respecto al delito de homicidio, en las indagaciones se determinó que, por orden de los cabecillas, la Mara Salvatrucha utilizó dos métodos. Uno denominado «válvulas abiertas» que consistía en asesinar indiscriminadamente a los salvadoreños.
La otra modalidad fue la denominada «H1» la cual se basó en matar a sus víctimas y enterrarlas. En total, son más de 500 casos de homicidio de personas que se negaron a colaborar con la pandilla pagando extorsiones.
También asesinaron a policías y soldados, a quienes consideraban sus enemigos. Los más de 500 crímenes los consumaron con lujo de barbarie, a sus víctimas las desmembraron y enterraron en cementerios clandestinos.
Los más de 47,000 hechos delictivos fueron ordenados por los cabecillas que están siendo enjuiciados, en muchos de ellos también participaron directamente.
