Una de las principales apuestas al inicio del Gobierno del Presidente Nayib Bukele fue la articulación de un plan de seguridad que estableciera las bases para una verdadera reducción de los homicidios y delitos comunes. Esto dio paso a la eliminación del Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia, que hasta mediados de 2019 no había dado los frutos esperados en materia de seguridad.
Ese foro, creado por la administración anterior en 2014, llevaba cinco años de sesiones en las que no se llegaba a una política verdadera y efectiva para el control de la violencia criminal, lo que se traducía en una cifra promedio entre 15 a 20 homicidios diarios. Sin embargo, desde que se creó el Plan Control Territorial (PTC), el Gobierno del Presidente Bukele ha logrado reducir en un 50% los homicidios, pese a todas las críticas y a los señalamientos de la oposición que intentan desvirtuar dicho plan.
La visión estratégica permitió que el Gobierno centralizara el tema de la inseguridad ciudadana, por lo que el Presidente Bukele se puso al frente, desde un inicio de su mandato, para comandar este tema. El Ejecutivo reconoce los aportes de la sociedad civil, pero ante la gravedad de la situación de inseguridad fue clave que el Gobierno tomara una acción decidida, salvando hasta la fecha más de 1,000 vidas.
El plan se ha echado a andar con éxito, aun con todas las dificultades en materia de financiamiento, ya que el bloque de oposición legislativo sigue obstaculizando desde el año pasado dos créditos por $200 millones de dólares para la ejecución de las fases II y III de ese programa.
Hoy por hoy, el Gobierno continúa generando espacios de sana convivencia ciudadana, interviniendo las comunidades donde hay mayores índices de delincuencia. El caso más reciente donde se evidencia la apuesta interinstitucional en materia de seguridad es la colonia Milagro de la Paz, en San Miguel, donde iniciará en los próximos días la construcción de un Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO).
Asimismo, se ha hecho una histórica inversión dentro del presupuesto general de la nación de 2021 para reivindicar el trabajo de policías y soldados que están al frente de las tareas de seguridad en el país.
