El mandatario salvadoreño, Nayib Bukele reveló que entre los sonados casos de Corrupción que ya investiga la recién creada Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) están la malversación de fondos públicos señaladas en la Construcción de la Presa El Chaparra y los vicios encontrados con la concesión para el proyecto del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS).
«CEL ya se presentó como querella en el Caso indicios de Corrupción con las obras de la Presa El Chaparral desde el trabajo con la CICIES ya hay avances en este caso… el otro es el del SITRAMSS el cual queremos limpiar el proyecto de la Corrupción evidente donde se le otorgó cientos de millones de dólares a una empresa privada, sin pasar por ningún concurso público», dijo Nayib Bukele quien adelantó que se reunirá con António Guterres, Secretario General de la ONU para fortalecer a la CICIES.
En el caso del SITRMASS, en junio pasado los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declararon inconstitucional el uso privado del SITRAMSS.
De acuerdo a la declaración emitida por la CSJ con la puesta en marcha de las operaciones del SITRAMSS se «infringió el Artículo 120 Constitución de la República el cual establece que las concesiones deben ser sometidas al conocimiento de la Asamblea Legislativa».
En torno al Proyecto del SITRAMSS existieron otro tipos de señalamientos relacionados con casos graves de Corrupción entre ellos la revelación de que una empresa de origen argentino «Unetel SA» pactó la entrega de 540 mil dólares a directivos de «Sipago» a cambio de adjudicar a «Subes El Salvador» (el contrato de cobro del pasaje electrónico del SITRAMSS). Efectivamente se confirmó el pago. Entre 2011 y 2013, Subes El Salvador recibió más de 13 millones de dólares en préstamos de Subes Panamá, cuyos directivos están relacionados con Alba Petróleos.
Ya para el año 2017 cuando el proyecto del SITRAMSS tenía casi dos años de haberse puesto en marcha la Sala de lo Constitucional debió ordenar abrir el carril de uso exclusivo para las unidades del SITRAMSS, como medida cautelar, después de que un grupo de transportistas promoviera una demanda, argumentando que la Constitución establece que las calles son públicas y no se pueden privatizar, además de que ese servicio debe ser concesionado antes por la Asamblea, algo que no se hizo.
En el Caso El Chaparral la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que en julio de 2012, después de hacer negociaciones de manera unilateral y directa, el entonces presidente de CEL, por instrucciones de Funes, y el representante de la empresa ASTALDI de origen italiano, Mario Federico Perasgostine Marocchi, anularon el contrato y desviaron $108.5 millones que generaron a la empresa más $45.2 millones.
Además se descubrió que CEL tenía que haberle pagado solo $63 millones a la constructora por la obra inconclusa de la presa El Chaparral, pero le entregó $45 millones más.
«Lo que sucedió en la presa El Chaparral es un crimen para el país, espero que la gente que cometió estos actos de corrupción sea procesada y condenada y por eso como gobierno ya nombramos querella para que acompañe la investigación» reveló Nayib Bukele quien ha pedido detener el proyecto y pasar el Caso a la FGR.
