En el seno de la Asamblea Legislativa, los diputados aún no dan trámite a la petición de fondos para la seguridad, manteniendo secuestrado ese recurso económico que el gobierno necesita para reforzar a la Policía Nacional Civil (PNC) y Fuerza Armada (FAES).
Los parlamentarios de los partido ARENA, FMLN y Rodolfo Parker vienen desde hace meses postergando y retardando la ratificación y aprobación de dichos fondos.
Según han explicado en reiteradas ocasiones los representantes del gobierno, se pretende modernizar a la Policía y Fuerza Armada, así como efectuar la compra de equipo para la protección de las personas que combate en el territorio a las pandillas.
Las cifras oficiales son claras y apuntan a que a partir del Plan Control Territorial, existe un notable descenso en el número de homicidios en El Salvador, donde la tasa de estos hechos violentos por cada 100.000 habitantes pasó del medio centenar en 2018. Ahora sin treguas, se ha logrado una reducción histórica y sostenida de los homicidios hasta del 63% contabilizando 27 días con cero homicidios desde la activación de dicho plan.
Para la implementación del Plan Control Territorial se tiene previsto invertir $575.2 millones, de los cuales $200 millones serían financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); estos a su vez se dividen en dos préstamos: uno por $91 millones para la fase II, llamada «Oportunidad» y otro por $109 millones para la fase III, denominada «Modernización».
Funcionarios de gobierno han explicado a los diputados el destino que tendría el préstamo de $109 millones, sin lograr el apoyo de los parlamentarios: $25.9 millones para equipamiento, infraestructura y videovigilancia; $46.9 millones para movilidad estratégica; $2.6 millones para equipamiento, infraestructura y mobiliario médico; $17.4 millones para equipo táctico; $12.9 millones para equipo médico; y $3.3 millones para la administración y supervisión del préstamo.
