Dania González, candidata de Nuevas Ideas por San Salvador, explicó que una de muchas funciones de los diputados es la elección de funcionarios de segundo grado, sin embargo, hay requisitos mínimos y atributos de ley para asegurar el perfil idóneo para el cargo, entre ellos: independencia e imparcialidad, honorabilidad, competencia notoria, compromiso a la justicia, y conocimiento de la realidad.
Según González, lo anterior son atributos de los que carecen los actuales titulares y magistrados de instituciones como: La Fiscalía General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Cuentas de la República, y la Sala de lo Constitucional.
“El Pacto de Corruptos (ARENA, FMLN y Rodolfo Parker) aprovechó desde el 2018 a repartirse cuotas para seleccionar a titulares y magistrados afines a sus ideologías políticas, como es el caso del actual fiscal general, Raúl Melara, que ha sido electo desde el 2019 por la actual Asamblea Legislativa, pero ha demostrado su lealtad al partido ARENA y a la defensa de sus intereses, por lo consiguiente incumple con los procesos de selección y debe declararse inconstitucional por la Sala de lo Constitucional, pero claro, ahí, vemos otro detalle, la misma Sala, solo defiende los intereses de sus patronos por lo que el fiscal, se convierte en su aliado”, condenó la candidata.
Por otro lado, se tiene a un procurador para la defensa de los DDHH que presenta inclinación por el partido FMLN, y como ahora, la supuesta “oposición” está unida, trabajan bajo una sola bandera, expresó.
Asimismo, González, señaló qué: “Lo mismo podemos decir de Julio Olivo, magistrado del TSE, quien abiertamente ha declarado ir en contra de la administración de nuestro Presidente Nayib Bukele, cabe resaltar, que Julio Olivo fue el presidente del TSE cuando Nayib Bukele buscaba competir en las elecciones presidenciales del 2019, además, también bloqueó en múltiples ocasiones la inscripción del partido Nuevas Ideas”.
De acuerdo a Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las instituciones que no funcionan con arreglo a la ley son propensas a la arbitrariedad y al abuso de poder, y tienen menos capacidad para prestar servicios públicos para todos.
En ese sentido, Dania González concluyó : “El panorama político para el 2021 está lleno de retos, ya que al tener dos órganos de Estado tomando acciones en una misma dirección, no se permitirá que el poder judicial siga dañando al pueblo salvadoreño, debemos recuperar la institucionalidad de nuestro país”.
