Dania González, candidata a diputada por San Salvador de Nuevas Ideas, reitera que no es desconocido por los salvadoreños que el ex-presidente del partido ARENA, Gustavo López Dávidson, le costó al Estado salvadoreño más de $2 millones con el fraude de su empresa CENTRUM S.A. de C.V.
“Esta demostrado que consistía en intercambiar armas obsoletas por medio de un contrato de permuta que tenía activado con el Ministerio de Defensa, durante las administraciones del partido FMLN en el Gobierno”, dijo la candidata.
La joven política explicó que las empresas de seguridad más exitosas han sido las apadrinadas por los operadores políticos, ejemplo de eso es SERCONSE, propiedad de Adolfo Tórrez del partido ARENA y luego COSASE, empresa de Miguel Menéndez, uno de los padrinos de la campaña de Mauricio Funes para el primer gobierno del FMLN.
“Vemos como ALBA Petróleos financió a ALPRODESA, cuyo dueño Benedicto Castro Romero se conocía como dirigente departamental del FMLN en Chalatenango. También tenemos al exviceministro de Obras Públicas en el gobierno de ARENA, Sigifredo Ochoa Gómez, quién es socio de Carolina Graciela d’Aubuisson, hermana del alcalde electo de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, en Grupo Los Seis, S. A. de C. V”, detalló González, solo para demostrar la gran cantidad de empresas de seguridad donde miembros de políticos tradicionales son socios
“Y así, la lista puede continuar, esto solo nos lleva a la conclusión que los más interesados en que fracase el Plan Control Territorial liderado por nuestro Presidente Nayib Bukele y el Ministro Rogelio Rivas, son los mismos de siempre”, dijo.
Los diputados de la actual Asamblea Legislativa se niegan a dar apoyo al Plan Control Territorial y sus fases.
Acorde a la respuesta de algunos diputados con respecto al repunte de homicidios del pasado domingo 11 de octubre, “no es más que un mensaje que están del lado de la inseguridad y que no les importa el dolor de las familias salvadoreñas” agregó González.
Muchos ciudadanos esperan las elecciones del 28 de febrero de 2021, para que el Plan Control Territorial cuente con los fondos necesarios y de esa manera no seguir lamentando las vidas de los salvadoreños.
