El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana ordenó que Jorge Alberto S. L., de 52 años, continúe procesado por los delitos de contaminación ambiental y construcciones no autorizadas, en perjuicio del medio ambiente y la ordenación del territorio. Jorge fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) tras una denuncia interpuesta por la Dirección General de Centros Penales.
La denuncia señala que el acusado habría rentado un terreno aledaño al Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación Santa Ana, ubicado en el kilómetro 72 y medio de la carretera que va de Santa Ana a Metapán, en el cantón Cutumay Camones, para operar un negocio de chatarrera.
Según la investigación, este negocio ha generado problemas de contaminación ambiental, afectando el suelo y la atmósfera, además de propiciar la presencia de roedores. Estas condiciones representan un riesgo tanto para la población penitenciaria como para las actividades de piscicultura, agricultura y ganadería.
Además, el imputado habría habilitado un parqueo clandestino dentro del vertedero de basura, que es utilizado por las personas que llegan al penal para dejar paquetes de higiene personal para los privados de libertad. Durante la audiencia inicial, la FGR presentó indicios de prueba que acreditan la probable participación de Jorge en los delitos, destacando la falta de los permisos necesarios para operar el negocio. El caso ha sido remitido a la etapa de instrucción, donde continuará el proceso judicial en su contra.
