La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes Morales, junto a otras nueve personas, paguen al Estado salvadoreño más de $24.1 millones en concepto de responsabilidad civil por presuntos daños al patrimonio público.
La petición fue presentada dentro del proceso judicial que ya fue enviado a juicio por el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, el cual remitió el caso al Tribunal Segundo de Sentencia, instancia que deberá decidir si los acusados son condenados o absueltos por los delitos que se les atribuyen.
Según el expediente, la Fiscalía sostiene que los imputados habrían participado en un esquema que incluyó peculado, lavado de dinero, casos especiales de lavado de dinero, incumplimiento de deberes y falsedad documental agravada.
El ministerio público también señala que el pago millonario reclamado estaría vinculado a operaciones realizadas junto a varias sociedades, entre ellas Terrein S.A. de C.V., Lubbex S.A. de C.V., Eko Lime S.A. de C.V., Cihuatán S.A. de C.V., Bel House Supplies S.A. de C.V., Rabo Recycling S.A. de C.V. y L&M Asociados S.A. de C.V., que según la acusación habrían sido utilizadas para mover fondos y aparentar legalidad en las transacciones.
Para sustentar la demanda civil, la Fiscalía presentó cuatro peritajes elaborados por 11 especialistas, entre ellos auditorías forenses y análisis financieros contables, con los cuales se habría identificado un incremento patrimonial no justificado en los acusados y sus sociedades.
El proceso también incluye pericias de avalúo de inmuebles y análisis de información electrónica, además de la revisión de movimientos bancarios, adquisición de bienes y pagos relacionados con viáticos recibidos durante el período en que Reyes se desempeñó en la Asamblea Legislativa.
De acuerdo con la acusación fiscal, entre 2006 y 2019 se habría desarrollado una estructura que supuestamente utilizó empresas para colocar dinero en el sistema financiero mediante la compra de bienes, manejo de cuentas bancarias y otras transacciones.
La Fiscalía afirma que algunas operaciones, como la compra de inmuebles y el manejo de viáticos institucionales, habrían sido utilizadas como parte de un proceso financiero que buscaba dar apariencia legal a fondos obtenidos de manera irregular.
Será el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador el encargado de analizar las pruebas presentadas durante la vista pública y determinar si los acusados enfrentan una condena y el pago de la cantidad solicitada por el Estado.
