El Presidente de la República, Nayib Bukele, criticó a organizaciones de “defensa de los derechos humanos” que han denunciado presuntas violaciones a derechos fundamentales durante la implementación del régimen de excepción en el país.
A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, el mandatario afirmó que estas organizaciones (cuyos informes han sido retomados por medios nacionales e internacionales) están solicitando la liberación del 100 % de las personas capturadas desde el inicio de esta medida de seguridad.
Según el jefe de Estado, diversos medios internacionales como The Guardian, France 24 y El País han dado amplia cobertura a informes que sostienen que más de 89,000 personas han sido detenidas arbitrariamente en el país.
“Ya ni siquiera lo disimulan. Literalmente afirman que ‘más de 89,000 personas fueron capturadas arbitrariamente’, que sus derechos humanos están siendo violados y que se han cometido crímenes de lesa humanidad. Bajo esa lógica, la liberación del 100% de los detenidos pasaría a ser una obligación de todo Estado”, expresó el mandatario.
Bukele señaló además que, según la exposición de uno de los expertos citados en los informes, las denuncias no se refieren únicamente a supuestos opositores políticos o a personas inocentes, sino también a miembros de pandillas o a personas percibidas como tales.
De acuerdo con el Presidente Bukele, el planteamiento de estas organizaciones implicaría liberar a todos los detenidos y regresar a las condiciones de inseguridad que, según afirmó, existían antes de la implementación del régimen de excepción.
“Quieren la liberación del 100% de los pandilleros y que El Salvador vuelva al estado en que se encontraba antes del Régimen de excepción; es decir, al país más peligroso del mundo”, manifestó Bukele.
El mandatario también cuestionó a quienes difunden o respaldan estos informes y aseguró que su objetivo es debilitar el apoyo a las políticas de seguridad implementadas por su gobierno.
Finalmente, Bukele sostuvo que las organizaciones de derechos humanos “se han convertido en los bufetes legales de los delincuentes” y consideró que, si realmente defendieran los derechos humanos, deberían priorizar a las víctimas en lugar de los victimarios.
