Para brindar seguridad y certeza jurídica a los educadores interinos, la Asamblea Legislativa, aprobó, con 60 votos, disposiciones transitorias para incorporarlos en plazas docentes permanentes por Ley de Salarios.
Los docentes que tengan acuerdos de nombramiento como interino, vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026, podrán acceder a una plaza permanente a partir del 1 de enero de 2027.
El decreto también suspende la publicación de plazas vacantes para los concursos de 2026, con el objetivo de facilitar la transición de interinos a plazas permanentes.
La Dirección de Desarrollo Humano del Ministerio de Educación será la responsable de garantizar la correcta ejecución de la medida, incluida la consignación de las partidas de sueldo correspondientes en la Ley de Salarios.
La diputada Elisa Rosales destacó la relevancia de la iniciativa aprobada. Según ella, muchos educadores han esperado, durante 10 o 20 años, esta oportunidad que les garantiza seguridad laboral y certeza jurídica en el ejercicio de su profesión.
Agregó que, desde el inicio de la nueva Asamblea Legislativa, se ha trabajado en la aprobación de este proyecto, que se convertiría en el tercer decreto en favor de los docentes interinos.
“Estamos cumpliendo con un acto de justicia para todos aquellos que forman nuestra niñez y adolescencia, quienes son fundamentales en el sistema educativo”, señaló Rosales.
La parlamentaria enfatizó que la iniciativa no representa un privilegio, sino una reparación histórica para los docentes que habían sido ignorados durante años.
“Esta es una oportunidad para que los docentes interinos consoliden su trayectoria profesional y se les reconozca su esfuerzo, compromiso y servicio a la educación”, expresó.
Exclusiones de las disposiciones
Las medidas no aplicarán si el personal interino se encuentra en las siguientes situaciones:
- Si fueron seleccionados de manera irregular o bajo desempeño certificado.
- Si han cometido faltas graves, recibido sanciones judiciales o administrativas.
- Si están bajo medidas de protección por violencia, abuso o delitos.
- Si han sido nombrados bajo convenios especiales con iglesias o con centros privados subvencionados.
