Las recientes declaraciones del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, generaron sorpresa dentro y fuera de su partido luego de que citara al mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, como un “ejemplo” en materia de seguridad. Sus palabras encendieron alarmas en la izquierda uruguaya, históricamente reacia a modelos de control considerados draconianos.
“Necesitamos hablar de seguridad, y creo que el ejemplo es Bukele… Es un ejemplo de un proceso que debe analizarse”, dijo Orsi. El comentario dejó ver hasta dónde ha llegado el atractivo del enfoque radical contra el crimen implementado por El Salvador, incluso en un país con sólidas instituciones democráticas y larga tradición de estabilidad como Uruguay.
Pese a ello, el mandatario aclaró que replicar el modelo salvadoreño es “imposible e inaceptable” en su país. Aun así, sus palabras expusieron la creciente presión que enfrenta Uruguay, donde, aunque los índices delictivos continúan por debajo de los promedios regionales, el temor ciudadano ante un deterioro de la seguridad va en aumento.
Orsi admitió que la izquierda latinoamericana ha evitado durante años una discusión frontal sobre seguridad por miedo a ser catalogada como reaccionaria. Ahora, asegura, ese tabú se está rompiendo, lo que abre la puerta a nuevas alternativas políticas y enfoques más firmes.
Las reacciones no se hicieron esperar. Desde la oposición de derecha, algunos excandidatos celebraron su postura, mientras otros la interpretaron como evidencia de una línea gubernamental poco clara. Desde el Ejecutivo, el secretario de la presidencia, Alejandro Sánchez, insistió en que “la población tiene un problema de seguridad que debe abordarse desde la democracia”.
Un giro impulsado por un electorado cansado
La preocupación por el crimen encabeza hoy las prioridades del electorado uruguayo. Una encuesta reciente señala que el 49% de la población lo considera el principal problema del país. Aunque el nivel es menor que el pico del 64% registrado en 2024, la percepción de inseguridad ha vuelto a crecer, agravada por episodios como el ataque con granadas contra la vivienda de la Fiscal General Mónica Ferrero, un hecho sin precedentes.
A ello se suma una red criminal más sofisticada y transnacional, un aumento en las incautaciones de droga y una percepción de deterioro en la calidad de vida vinculada a robos menores, consumo de drogas y hechos violentos aislados.
El desgaste ya se refleja políticamente: la aprobación de Orsi cayó del 41% al 36% un mes después de asumir, en medio de una creciente demanda ciudadana por medidas más duras. Según Latinobarómetro, la popularidad de Bukele en Uruguay se duplicó entre 2023 y 2024, pasando del 15,6% al 34,4%.
Un escenario regional adverso
El giro a la derecha en América Latina añade más presión sobre el nuevo gobierno de Uruguay. Analistas ven probable que candidatos conservadores triunfen en elecciones próximas en países como Chile y Costa Rica, impulsados por discursos de “mano dura”. Washington también ha intensificado su retórica contra el crimen organizado y los gobiernos autoritarios, reconfigurando alianzas políticas en la región.
En este escenario, Uruguay podría convertirse en el único gobierno de izquierda en la Sudamérica hispanohablante si la tendencia se consolida. Incluso el aliado regional más importante de Orsi, el presidente brasileño Lula da Silva, enfrenta un clima político más hostil.
La apuesta: seguridad con democracia
Frente a las crecientes presiones política y social, Orsi acelera los preparativos de un nuevo Plan Nacional de Seguridad Pública, previsto para 2026. El proyecto, apoyado por organismos multilaterales, busca reducir el delito mediante una estrategia integral que combina intervención directa con acciones sobre las causas estructurales.
Su éxito dependerá del respaldo de la oposición y de la capacidad del gobierno para equilibrar garantías democráticas con medidas eficientes. En un país con instituciones fuertes y una sociedad civil activa, la batalla será redefinir la seguridad sin sacrificar las libertades que distinguen al modelo democrático uruguayo.
Para muchos, este plan será una prueba crucial: demostrar si la región puede enfrentar la crisis de seguridad sin recurrir al populismo punitivo que hoy marca tendencia.
