El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, recuperó su libertad el 1 de diciembre de 2025, apenas un año después de recibir una condena de cuarenta y cinco años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico y posesión de armas de fuego. Su esposa, Ana García, confirmó el indulto presidencial firmado por Donald Trump, al que calificó como un decisión que “cierra casi cuatro años de dolor y pruebas”.
Trump ha sostenido, sin presentar pruebas, que el juicio contra Hernández fue un “montaje” atribuido a la administración de Joe Biden. La condena de 2024 sostenía que el exmandatario había convertido Honduras en un “narcoestado” durante su gestión entre 2014 y 2022, facilitando el tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense.
El indulto ocurre en un momento clave para Honduras, a pocas horas de las elecciones del 30 de noviembre y sin resultados oficiales. Trump ha respaldado al candidato conservador Nasry Asfura, a quien llamó “el único amigo de la libertad”, advirtiendo que podría cortar la ayuda estadounidense si no resulta ganador.
Analistas consideran que la decisión de Trump representa una intervención directa en el proceso electoral hondureño, elevando la tensión diplomática. Hernández, quien mantiene su inocencia, ahora se prepara para regresar a Honduras, donde enfrenta procesos locales por corrupción y violaciones a derechos humanos.
Medios centroamericanos esperan detalles sobre los pasos legales pendientes en Estados Unidos y el impacto del indulto en el panorama político hondureño, marcando un nuevo capítulo en las relaciones entre Washington y Tegucigalpa en temas de narcotráfico y migración.
