Washington comenzó a ejecutar en septiembre una serie de operaciones militares dirigidas contra embarcaciones en aguas del Caribe y del Pacífico oriental, como parte de su campaña antinarcóticos. Sin embargo, varios expertos y organizaciones internacionales han advertido que estos ataques podrían constituir “ejecuciones extrajudiciales”, aun cuando los blancos sean presuntos traficantes.
El secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, publicó imágenes aéreas del más reciente ataque, realizado en aguas internacionales, contra “una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada”. En el video se observa una lancha navegando antes de estallar en llamas.
“Tres narcoterroristas masculinos —que estaban a bordo de la embarcación— murieron”, declaró Hegseth sin ofrecer más detalles. Con este hecho, la cifra de fallecidos en la campaña estadounidense asciende a al menos 70 personas.
Según el jefe del Pentágono, los ataques buscan enviar un mensaje claro: “A todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si siguen traficando drogas mortales, los mataremos”.
La administración del presidente Donald Trump ha reforzado su presencia militar en América Latina, desplegando seis buques de la Marina en el Caribe, enviando aviones furtivos F-35 a Puerto Rico y ordenando al grupo de ataque del portaviones USS Gerald R. Ford trasladarse a la región. Además, ha realizado vuelos de demostración cerca de Venezuela, lo que ha generado tensiones con el gobierno de Nicolás Maduro, quien lo acusa de intentar derrocarlo.
Trump ha informado al Congreso que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” con los cárteles de drogas latinoamericanos, calificándolos de “grupos terroristas” para justificar los ataques. No obstante, familias de las víctimas y gobiernos afectados denuncian que muchas de las personas fallecidas eran civiles, en su mayoría pescadores.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresó preocupación por las operaciones militares estadounidenses, afirmando que las muertes se han producido “en circunstancias que no encuentran justificación en el derecho internacional”.
