La Asamblea Legislativa culminó ayer el proceso legal para que los partidos ya no reciban fondos públicos por cada voto válido obtenido en elecciones, en concepto de deuda política.
Con 57 votos fue reformada la Constitución de la República, derogando el artículo 210, que establecía y ordenaba regular en leyes secundarias el financiamiento estatal a los partidos políticos en contienda electoral.
“Estamos votando la ratificación (al acuerdo de reforma constitucional) para que el pueblo ya no mantenga a los partidos (políticos)”, expresó previo a la votación el presidente del congreso, Ernesto Castro.
Los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC sumaron la votación favorable (que requería como mínimo de 45 votos) para respaldar el dictamen emitido en la víspera por la comisión política del congreso a favor de la ratificación de acuerdo de reforma constitucional para derogar el artículo señalado.
El Estado erogó $39.7 millones a favor de los partidos que compitieron en las elecciones generales de 2024. El Ministerio de Hacienda reportó que el valor del voto para presidente y vicepresidente fue de $6.05, para diputados de la Asamblea Legislativa $ 3.28, para concejos municipales $2.45, y para el Parlacen $3.30.
Claudia Ortiz, diputada de VAMOS, se abstuvo de votar mientras que los diputados de ARENA Francisco Lira y Raquel Serrano votaron en contra de la reforma constitucional.
Lira había adelantado previo a la sesión plenaria que “la fracción de ARENA también va a votar en contra de esta ratificación”, calificando la reforma de un «golpe al sistema democrático de nuestro país», argumentando que ahora “el poder se concentrará en una persona”.
Serrano sustituyó en la plenaria a la diputada Marcela Villatoro, quien el pasado 12 de febrero votó a favor del acuerdo de reforma constitucional que allanaba el camino para derogar el artículo 210 de la Carta Magna referente a la deuda política.
Luego de votar a favor Villatoro brindó declaraciones señalando un mal manejo de los fondos públicos por parte del presidente de su partido, Carlos García, y afirmó que solicitaría a la Corte de Cuentas realizar una auditoría de los recursos al interior del instituto tricolor.
El financiamiento estatal a favor de los partidos políticos tuvo su origen en la Ley de la Deuda Política, aprobada por la Asamblea Legislativa en enero de 1984, para cumplir con la disposición constitucional de 1983.
El Código Electoral desarrolló luego en su texto la medida constitucional, que finalmente pasó a ser regulada en la Ley de Partidos Políticos. El financiamiento público para campañas electorales estuvo vigente durante 40 años.
La Asamblea envió al finalizar la sesión plenaria al Diario Oficial el decreto de la ratificación del acuerdo de reforma constitucional para que sea publicado.
