La reuniones sostenidas en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa mostró una vez que diputados de algunas fracciones han establecido como estrategia la dilatación de tiempo valioso para que el Gobierno ejecute de inmediato proyectos, utilice marcos jurídicos o cualquier otra necesidad a través de la votación de los diputados.
Ya hay precedentes de como en la Asamblea se busca perder tiempo y plazos, utilizando el mecanismo de citar funcionarios, como cuando en mayo pasado la Comisión Política citó a una representación de funcionarios para discutir la posible aprobación de una Ley de Emergencia, que luego se extendió por seis días, con largas y extenuantes jornadas, para que finalmente los legisladores de las fracciones mayoritarias y opositoras, terminaran aprobando un decreto que no reflejaba el consenso que la Sala de lo Constitucional había ordenado a ambos órganos del Estado para enfrentar la pandemia de COVID-19.
De la misma forma dilatoria y con intenciones ajenas al interés de asignar el crédito ya ratificado de $250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), este martes llegaron los ministros de Hacienda, Agricultura y Salud Pública para explicar nuevamente a los diputados el uso de estos fondos. Sin embargo, nuevamente el comportamiento y los cuestionamientos de los diputados de ARENA, FMLN y PDC giraron en buena parte a referir temas ajenos a los que se había citado a los ministros.
Los legisladores deben recordar la urgencia de votar la asignación de fondos que buscan atender de inmediato la afectación en el país por la pandemia, y reforzar los sectores productivos, que entre más tiempo pasa, más son las pérdidas a las que se les expone.
El préstamo ratificado el domingo 2 de agosto, por la mismas fracciones que ahora retrasan su uso, será distribuido de la siguiente manera: $75 millones para las alcaldías, $40 millones para productores agrícolas, $20 millones para el FOPROMID (Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres), $55 millones para FOMILENIO II, $30 millones para el Hospital El Salvador y $12 millones para financiamiento de veteranos del conflicto armado y $18 millones para atención, reconstrucción y recuperación económica.
