La exparlamentaria, del Partido de Concertación Nacional (PCN), Cristina López, reconoció que a pesar de vivir en Estados Unidos fue contratada por la fracción legislativa de su partido como asesora, con un salario de $2,000 mensuales.
Sin embargo, Cristina dice que fue el propio coordinador de ese grupo parlamentario quien le solicitó que no llegara a la Asamblea.
«Esto no me exime de culpas ni limpia mis errores», afirma en una seria de mensajes publicados en su cuenta personal de Twitter en los que además revela no ser la única persona en esa fracción que recibió salario sin llegar a trabajar.
Según señala Cristina López, las otras personas en esa misma situación son: el Cnel. Roberto Leiva y los exdiputados Elizardo González Lovo, Dagoberto Marroquín y Rafael Machuca.
Luego, ante esas reveladoras declaraciones de Cristina López, el Fiscal General de la República, Raúl Melara, reacción vía Twitter, calificando estas confesiones como «graves».
«Vamos a investigar y de ser ciertos los hechos, se deducirán las responsabilidades penales que conlleve», anunció el Fiscal general.
La exdiputada, fue más allá y reveló también que el actual presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, autorizó la contratación de Hilda Jiménez (excandidata a diputada) pese a residir en situación de asilo en Estados Unidos.
«Ella (Hilda Jiménez) recibió por dos años salario de asamblea», afirmó Cristina López, detallando que para evadir una auditoría en ese Órgano del Estado, Hilda Jiménez fue eliminada de la planilla y en su lugar contrataron a un primo de ella.
Cristina revela que el primo de Hilda Jiménez, «nunca puso un pie más que para firmar contrato, y eso estaba autorizado por el diputado Mario Ponce», en ese entonces coordinador del grupo parlamentario del PCN.
Además, Cristina Lopez afirma que fue engañada sobre una petición de interpretación auténtica a la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones que durante un litigio judicial favorecía al empresario Enrique Rais. El empresario salvadoreño Enrique Rais actualmente se encuentra prófugo de la justicia por presuntamente manipular el sistema de justicia a su favor.
«Engañaron a un colaborador para obtener mi sello, tuve la grabación de quien la presentó y me obligaron a destruirla», escribió sin dar detalles de quién la obligó.
La exdiputada asegura que cuando intentó retirar dicha petición Mario Ponce, le alzó la voz: «No puede hacer nada sin autorización de memo (Manuel Rodríguez, el secretario general del PCN)».
«Que el actual presidente Ponce diga que defraude al Estado, de su parte es hasta absurdo», mencionó Cristina Lopez revelando que recién instalada como diputada en la Asamblea Legislativa le dijeron en su propia fracción que estaban «arrepentidos de haberla hecho entrar».
