Lunes. 22.10.2018
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Diario La Huella

Piden antejuicio contra Fiscal Douglas Meléndez por omisión de investigación en caso QUIMAGRO S.A. DE C.V.

Hace unos días, un abogado presentó una petición de antejuicio contra el fiscal General, Douglas Meléndez, por incumplimiento de deberes constitucionales que conlleva el cometimiento de posibles delitos penales, en el marco de omisión en el trámite de la petición de antejuicio en contra de Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por el delito de prevaricato, cometido en contra de QUIMAGRO S.A. DE C.V.

Piden antejuicio contra Fiscal Douglas Meléndez por omisión de investigación en caso QUIMAGRO S.A. DE C.V.

El apoderado legal de la empresa presentó el 25 de octubre de 2016 ante la Asamblea Legislativa, querella de antejuicio contra los de la Sala de lo Constitucional: Florentín Meléndez Padilla, Rodolfo Ernesto González Bonilla y Sonia Dinora Barillas de Segovia.

“Por el delito de PREVARICATO, tipificado y sancionado en el art. 310 del Código Penal, en perjuicio de la administración de justicia y de mi representada.  Por su parte, la Asamblea Legislativa en la Sesión Plenaria Ordinaria N° 70 de fecha 27-X-2016, en el punto 13-A, decidió remitirla al señor Fiscal General de la República, de conformidad al Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa”, señala un comunicado del apoderado legal de QUIMAGRO S.A. DE C.V.

 

No obstante, el abogado argumenta que el articulo el 121 RIAL y articulo 421 del Código Procesal Penal, establecen la obligación especial del fiscal general de promover el Antejuicio en 15 días fatales.

“A la fecha, han transcurrido más 344 días hábiles, aproximadamente un año y ocho meses, desde la presentación de la petición de antejuicio que la Asamblea Legislativa ordenó al fiscal general darle el trámite de ley correspondiente, lo cual ha sido omitido por este”, agrega.

Es por ello que Douglas Meléndez incurre en los delitos de Omisión de Investigación, art. 311 CP; Incumplimiento de Deberes, art. 321 CP; Actos Arbitrarios, art. 320 CP; y Desobediencia, art. 322 CP.

Según el apoderado de Quimagro, la actuación del fiscal general es preocupante ya que se convierte en cómplice de las irregularidades cometidas por los magistrados de la Sala de lo Constitucional.

En contexto

QUIMAGRO fue intervenida-administración total por dos bancos privados en 1984 por no poder solventar una deuda de $40,000. Las dos instituciones financieras crearon un convenio de intervención y administración financiera donde separaron del cargo al presidente de la compañía y a los gerentes. A raíz de esto, la empresa tiene varios años en un proceso jurídico y demandas ante la CSJ, explica una nota de La Prensa Gráfica del 2016.

Según se presenta el caso, la Sala de lo Constitucional resolvió anular una sentencia de la Sala de lo Civil por violaciones a derechos jurídicos en contra de su representada; y pronuncia una nueva sentencia de casación en 2013, en la que condena a un banco.

 

“En otras palabras, los magistrados son capaces de revivir un muerto. El caso estaba sentenciado definitivamente, y ahora pretenden, contra todo pronóstico, darle vida jurídica a una sentencia que la Sala de lo Constitucional había declarado inválida”, se lee en el documento presentado anteriormente, citados por La Prensa Gráfica con fecha 28 en octubre de 2016.

QUIMAGRO expresa que se está cometiendo un abuso de autoridad al entrar a juzgar un caso que ya había sido sentenciado y, además, contradicen sus fallos al darle validez a lo que ya habían declaro inválido. De esa forma, la empresa pasa nuevamente a manos del ba

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