Lunes. 19.02.2018
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Diario La Huella

Sala Constitucional privilegia a poderes económicos

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han favorecido con sus fallos a sectores económicos de peso, como el caso de las transnacionales, en específico de la banca extranjera, afirma el libro Negro de la Corrupción, escrito por el analista económico Salvador Arias.

Sala Constitucional privilegia a poderes económicos

“No solo llevan una agenda política, sino que también afectan a particulares, favoreciendo con sus fallos irregulares a sectores económicos de peso, corno en los casos de las transnacionales, en específico de la banca extranjera”, afirma el libro escrito por Salvador Arias.

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Al caso que hace referencia es a una entrevista realizada por Diario Co Latino, al economista y auditor salvadoreño, Antonio Vega, afectado por el fallo que califica de  “irregular de la Sala de lo Constitucional”.

En la entrevista se expone como Antonio Vega  ha vivido en carne propia las arbitrariedades de las instituciones financieras y la complicidad de la administración de justicia salvadoreña.

“Lleva más de 30 años en una batalla jurídica librada desde el año 1996, producto de un contrato de administración de la empresa QUIMAGRO, S.A. de C.V.  en aquel entonces el BANCO DE COMERCIO, y que luego de varias batallas legales favorables, ahora el resultado se le ha complicado por un fallo al que llama "bochornoso", de la Sala de lo Constitucional”, dice Arias en su libro.

Vega explica en la entrevista que en 1980 QUIMAGRO, S.A. DE C.V., hace un crédito por 300.000.00 colones, con el objeto de invertir en maquinaria y modernizar la planta de producción de los químicos industriales.

“Fue en ese entonces que el Banco de Comercio dio un crédito por esa cantidad. Sin embargo, la crisis económica llevó a la empresa al impago del compromiso y fue entonces que en 1984 ejecutivos del Banco de Comercio nos señalaron que la única salida era la firma de un contrato de administración, por la que el Banco administraría bajo su total responsabilidad los ingresos de nuestra empresa”, manifiesta.

En tanto, la empresa quedó en manos de ejecutivos del Banco de Comercio, ahora Scotiabank, y el contrato de administración consistía en que el Banco delegaría la administración en todos los sentidos: comprando y vendiendo los productos de QUIMAGRO, y con las ganancias de las ventas, el banco se cobraría la deuda del préstamo, así hasta que el crédito quedara completamente saldado.

“Pero no fue así. La historia es que la empresa reportó ingresos y ganancias, pero lo extracto es que la deuda no se lograba cubrir, y es porque los administradores del banco se recetaron jugosos honorarios, e inflaban costos y gastos a punto que las ganancias de la empresa servían únicamente para pagarles sus honorarios, y por ello no se reportaban abonos a la deuda. De esa manera, la empresa quebró y es entonces que inician las batallas en los juzgados del país”, explica.

Antonio Vega  explica que ese caso “fue una especie de administración fraudulenta”, pues a través de la figura del contrato de administración en la que fueron despojados de las decisiones del manejo de la empresa, el banco prácticamente la saqueó y la administración  del banco “únicamente sirvió para que ellos durante más de 10 años devengaran honorarios sustanciosos”.

“Imagínese que ganaban mensualmente miles de dólares e inflaban los costos de materias primas a través de las importaciones. De esa manera, disfrazaron la no sostenibilidad financiera de QUIMAGRO, y lograron el cierre de operaciones, dejándola en total abandono; hasta en el año 2013 que la Sala de lo Civil dio por terminado el contrato de administración y condena al Banco de Comercio, ahora con otro nombre (la institución financiera), al pago de daños y perjuicios, proceso que ha sido iniciado pero que en esta oportunidad no podré darle detalle de este juicio en específico, por existir una orden judicial de prohibición de publicidad, prohibición que no aplica a este tema que nos ocupa por tratarse de pretensiones relacionadas pero diferentes”, explica.

Es de mencionar que la Sala de lo Constitucional resolvió anular una sentencia de la Sala de lo Civil por violaciones a derechos jurídicos en contra de su representada; y pronuncia una nueva sentencia de casación en 2013, en la que condena a un banco, afirma una nota de La Prensa Gráfica publicada el 28 de octubre de 2016.

Sin embargo, los representantes legales del banco presentaron otra demanda de amparo, que fue declarada improcedente por la Sala; pero luego iniciaron un “proceso de verificación de sentencia” de oficio e invalidaron una sentencia de la Sala de lo Civil, misma sentencia que previamente la Sala de lo Constitucional declaró inválida por sentencia definitiva pronunciada en el mismo amparo de 2010.

QUIMAGRO expresa que se está cometiendo un abuso de autoridad al entrar a juzgar un caso que ya había sido sentenciado y, además, contradicen sus fallos al darle validez a lo que ya habían declaro inválido. De esa forma, la empresa pasaría nuevamente a manos del banco.

El demandante José Antonio Vega Castañeda, director presidente y representante legal de la empresa QUIMAGRO, S. A. DE C. V. señala a los magistrados de la Sala Florentín Meléndez Padilla, Rodolfo González Bonilla y Sonia Dinora Barillas de Bonilla, suplente, de cometer actos irregulares, hasta de cometer el delito de prevaricato.

 

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