Miércoles. 18.07.2018
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Diario La Huella

Marco Rodríguez afirma que el acceso a la información es un logro país que no debe retroceder

 

En estos siete años más de 166 mil requerimiento de información han sido respondidos y la información reservada se mantiene abajo del 1%. La SPTA ha revelado en el último año los viajes de todos los presidentes, los financistas privados de los partidos, las donaciones a organizaciones y fundaciones, entre otros.

Marco Rodríguez afirma que el acceso a la información es un logro país que no debe retroceder

El gobierno de El Salvador ha procesado más de 72,000 solicitudes de información en los últimos siete años desde la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en el país.

De esa cantidad, menos del 1% ha sido denegado y el promedio de respuesta es de 7.7 días hábiles, menor a los 10 días estipulados por la LAIP. El informe destaca que 9 de cada 10 requerimientos son entregados totalmente a los ciudadanos. Un 5% de la información no es posible entregarla por ser inexistente.

La Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción (SPTA) señala que del total de solicitudes recibidas solo 800 (0.01%) se han apelado en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y en 275 el IAIP han fallado en contra de la entidad. En las demás, el IAIP ha confirmado lo resuelto por las instituciones y solamente 15 (0.0002%) se ampararon en la Corte Suprema de Justicia.

En el sitio web www.transparencia.gob.sv -administrado por la SPTA- se publica la información de más de 230 instituciones y se encuentran disponibles más de 294,139 documentos sobre viajes, salarios, asesores, contrataciones, obras en ejecución, currículos de funcionarios, entre otros.

En estos siete años, la Secretaría ha trabajado en revelar información de casos emblemáticos, entre ellos destacan la publicación 720 viajes de presidentes, vicepresidentes y primeras damas entre 1989 y 2016. Esta información determinó que el expresidente Mauricio Funes y el actual Presidente, Salvador Sánchez Cerén, son los que menos han viajado. Además, reveló que los datos de viajes y comitivas de administraciones anteriores no estaban en los archivos de Casa Presidencial, por lo que el gobierno actual tuvo que reconstruirlos.

Otra información que hizo pública la SPTA fue la transferencia de más de $21 millones de fondos públicos a ONG desde 1989 a 2016, en el que 137 entidades recibieron recursos; además, se publicó el listado de donantes a partidos políticos que, durante 12 años, acumularon más de $69 millones.

La Secretaría también hizo público un informe sobre la ejecución de la partida de gastos reservados de la Presidencia de la República desde 1994 hasta 2016, donde se menciona que antes del gobierno del expresidente Armando Calderón Sol no se tienen registros de esta documentación.

Otro documento publicado por la SPTA fue el de la asignación de las frecuencias de radios y televisión, en donde se encontró que el 60% de estas no tiene documentación, entre otros hallazgos.

La SPTA también ha trabajado en un proyecto de reservas de información, que consistió en reducir en un 76% la que estaba reservada por las instituciones del Ejecutivo. La Presidencia de la República bajó de 28 a 7 reservas.

Para el secretario de Participación y Transparencia, Marcos Rodríguez, durante el tiempo que ha estado vigente la LAIP el país ha avanzado en materia democrática, ya que antes solicitar información pública no era un derecho, los titulares y sus comunicadores decidían qué era lo que se publicaba, además de existir filtraciones de documentación que se obtenían por el nivel de influencia de cada persona.

El funcionario señaló que en los últimos meses ha existido un retroceso a este derecho, debido a la resolución de la Sala de lo Constitucional que estableció de oficio tres causales para denegar información.

A pesar de este obstáculo, la SPTA llamó a las instituciones del órgano Ejecutivo hacer prevalecer el principio de máxima publicidad para garantizar la transparencia y el acceso a la información de la población.

Los retos establecidos para seguir avanzando en la implementación del la LAIP radican en la transparencia fiscal como, por ejemplo, conocer quiénes son los contribuyentes que no pagan impuestos, además, que entidades privadas que administran derechos fundamentales (como la salud, la educación, las pensiones) estén sujetos a cumplir con la ley.

Fuente: Transparencia Activa

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